En el caso, el comerciante descubrió el hurto a través de las cámaras de seguridad de su local y decidió publicar el video en redes sociales para alertar a otros comerciantes y buscar identificar a la responsable. La mujer demandante argumentó que la difusión le había causado un daño moral irreparable, pero el Tribunal consideró que la captación de la imagen se realizó en un lugar de acceso público con un fin legítimo. Los jueces destacaron que la protección de la imagen no puede amparar el ocultamiento de un hecho ilícito comprobado.

El fallo también resalta la responsabilidad de quienes deciden cometer delitos en espacios públicos, asumiendo el riesgo de ser registrados por medios de seguridad autorizados. Esta decisión refuerza la validez de los registros fílmicos como prueba y medio de resguardo, siempre y cuando la información difundida sea veraz y esté directamente relacionada con el hecho denunciado. La resolución sienta un precedente importante para el sector comercial y el uso de tecnologías de vigilancia en la prevención de delitos como el hurto hormiga.

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