El tardío fallo de la Justicia -el decreto de Mauricio Macri fue firmado en el año 2016- permite ahora que el Estado argentino reclame el pago de impuestos sobre las millonarias cifras de dinero que numerosos familiares del ex presidente ingresaron al país sin dar ningún tipo de explicaciones ni pagar impuesto alguno. En su momento, el blanqueo de capitales fue votado por el Congreso, pero estableciendo la prohibición de ingreso al mismo de los familiares de los funcionarios. Para violar lo dispuesto por los legisladores (Sergio Massa entre ellos) Macri firmó el decreto que recién ahora se anula.

La Justicia declaró la nulidad de cuatro artículos del decreto del ex presidente Mauricio Macri que habilitó el acceso al blanqueo de activos a familiares de funcionarios públicos. El fallo establece que existió «un exceso en la reglamentación de la ley» ya que extendió «un beneficio a un caso no previsto oportunamente».

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick, hizo lugar a una demanda de los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti; la organización Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS), y la Asociación Civil La Plata, Berisso y Ensenada.

Según anticiparon fuentes oficiales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) trabaja para presentar el próximo martes la lista de los contribuyentes que fueron beneficiados por el decreto de Macri.

El magistrado sostuvo que el decreto implicó la inclusión en el beneficio «de un grupo de sujetos (cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82) expresamente excluidos en el artículo 83 de la ley».

Añadió que esto significó «la extensión de un beneficio a un caso no previsto oportunamente en la ley», además de llevar la ampliación del beneficio del blanqueo de capitales previsto en la ley a «situaciones no previstas» y a la «inclusión de sujetos originalmente excluidos».

«Bajo una supuesta pretensión de incorporar precisiones, se modifican aspectos de la Ley 27.260, generándose en consecuencia un exceso en la reglamentación de la ley», concluyó el juez Cormick.

También señaló que «más allá del análisis sobre si existe en el caso exceso en la reglamentación al desvirtuar en tanto modifica la ley que reglamenta, debe destacarse que dicha reglamentación invade la esfera exclusiva del poder legislativo en materia tributaria».