El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, aseguró este jueves que el objetivo de la denuncia penal presentada por el gobernador Axel Kicillof contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, por «delitos de tráfico de influencias» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público», pasa por «comprobar la veracidad de los hechos» que se describen en un intercambio de chats difundido por los medios de comunicación.

«De confirmarse esas maniobras se comprobarían que no eran chats inocentes, sino que estaban vinculados al diseño de una sentencia del máximo tribunal. Es un hecho de altísima gravedad institucional. Por ello el Gobernador presentó la denuncia», aseguró Alak en declaraciones a Radio Provincia.

El pasado miércoles, Kicillof presentó una nueva denuncia vinculada a la filtración de chats atribuidos al funcionario porteño en uso de licencia y al colaborador del presidente del máximo tribunal en los que se hacen referencias a pleitos judiciales en los que se vieron enfrentados los intereses del Gobierno nacional con los del Gobierno porteño y los del oficialismo a nivel nacional con los de la oposición.

Según un comunicado difundido por el gobierno bonaerense, Kicillof señaló en su presentación que la provincia de Buenos Aires «es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema».

La denuncia de Kicillof

La acusación recayó en el juzgado a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien de inmediato dispuso «efectuar una amplia certificación a fin de evaluar posibles conexidades y/o la existencia de causas con idéntico objeto procesal» y refirió que es «de púbico conocimiento» que existen al menos otras tres denuncias vinculadas con el mismo hecho.

En la denuncia, Kicillof remarcó que el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por la cuestión de los recursos coparticipables habría sido producto «del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

De esta forma, el gobernador se refirió a la filtración de chats atribuidos a D’Alessandro -quien se encuentra de licencia en su cargo- y difundidos a fines del año pasado por los medios de comunicación.

En esos intercambios, Robles le sugería estrategias que debía seguir el gobierno porteño para obtener una sentencia favorable por parte del máximo tribunal en la disputa que la Ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación, algo que finalmente sucedió.

El ministro sostuvo que Kicillof “tiene una doble responsabilidad porque como funcionario público tiene la obligación de denunciar cuando advierte un delito, y una institucional que es defender el patrimonio de todos los bonaerenses”.

«Tenemos fundadas sospechas de que el fallo fue diseñado, como dicen los chats, entre un alto funcionario de la Corte y el ministro de Justicia de la ciudad beneficiada. Es una decisión de la Corte que agudiza mucho más las asimetrías que existen. Es un fallo que les saca el pavimento de Lomas de Zamora, las cloacas que necesita La Matanza, las obras de iluminación a Quilmes», puntualizó.