La máxima autoridad electoral de Perú consideró este miércoles «inviable» la posibilidad de realizar un referendo para consultar a la ciudadanía sobre la necesidad de convocar a una asamblea constituyente, como reclaman algunos sectores en el contexto de las protestas que sacuden al país desde comienzos de diciembre.

«El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) consideró inviable la propuesta congresal de convocatoria a referendo nacional para consultar a la ciudadanía sobre la realización de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política en nuestro país», dijo el organismo en un comunicado.

El JNE explicó en la nota, publicada en su sitio web, que «dicho planteamiento no se encuentra conforme con los temas que prevé la Constitución para el empleo de este mecanismo de participación popular».

«La regulación en la carta magna, las normas de desarrollo constitucional y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) dan por sentado que el referendo en nuestro país está referido a materias normativas (aprobación o desaprobación de normas) y al proceso de descentralización, pero no a una asamblea constituyente», subrayó el documento.

Agregó que «una consulta de esta naturaleza (referendo) se usa para proyectos de ley, a fin de que estos se presenten ante el parlamento, en el caso de iniciativas de ordenanzas municipales, y en lo vinculado a descentralización, en los cuales es obligatorio».

Pero «en lo concerniente a reformas constitucionales, este mecanismo solo se emplea luego de que un primer proyecto haya sido aprobado por el Legislativo», advirtió.

Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

Los manifestantes reclaman esencialmente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que sucedió a Castillo por ser hasta entonces su vice, y el adelantamiento de las elecciones generales.

Algunos sectores piden, además, el llamado a un referendo sobre la pertinencia de convocar a una asamblea constituyente, lo cual fue incluido en algunos de los más de media docena de proyectos para anticipar los comicios que el Congreso desechó en las últimas semanas por falta de votos suficientes.

En esas protestas murieron 49 personas (48 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.301 personas (entre ellas, 329 policías y seis militares) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado esta tarde.

Sectores de oposición y organizaciones no gubernamentales -entre ellas, Amnistía Internacional- advirtieron sobre excesos en el uso de la «fuerza letal» en la represión de las protestas.

Al respecto, un reciente informe del sitio web IDL Reporteros pareció probar, con imágenes de cámaras de seguridad municipales y de comercios, que al menos seis de las 10 personas muertas el 15 de diciembre en la ciudad de Ayacucho fueron asesinadas por policías o militares, y otros medios advirtieron que pudo haber sucedido en Juliaca, donde el 9 de este mes fallecieron más de 15 personas.

El gobierno resolvió por decreto entregar «por única vez» subsidios de 50.000 soles (equivalente a poco más de 13.000 dólares) a los deudos de los muertos durante las protestas y de 25.000 soles a los heridos «de gravedad», según la agencia de noticias Andina.