En la primera jornada, los legisladores que integran las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico, escucharon al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien adelantó que la exportación de esa producción podría significar un ingreso anual de cincuenta millones de dólares y la creación de diez mil empleos.

La iniciativa

El proyecto establece un marco regulatorio de la cadena de producción de cannabis, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.

El marco normativo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso busca “desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad”.

El primer objetivo del proyecto consiste en “establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica”.

El segundo objetivo, según se detalla en la iniciativa, “consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos”.

Además, se aclara que “si bien el cáñamo no es un estupefaciente en los términos de la ley penal por no generar efectos psicoactivos, resulta necesario regular y controlar la actividad para evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo”.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, se establecerán requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de “maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos”.

En el otorgamiento de las licencias, la ARICCAME contemplará “el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y medianos productores agrícolas”.

El proyecto también contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las reglamentaciones: desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.

“Nos gustaría que esta ley nos pueda posicionar como marca país. Porque esta industria puede tener gran desarrollo exportador y mucha presencia internacional”, explicó Kulfas.

El ministro anticipó que la ley le permitirá a la Argentina “entrar a un mercado internacional con un producto de calidad y trazable” para que “podamos vender al mejor precio posible por la calidad que presenta”.

Kulfas agregó que “esta es una industria que se puede desarrollar de manera desconcentrada porque hay espacio para todos: para las pymes, los productores pequeños y las grandes empresas”.

El funcionario enumeró que la ley, una vez que sea sancionada, permitirá la “creación de empleos de calidad, la generación de divisas por exportaciones y oportunidades de desarrollo para todo el país”.

“Los cálculos conservadores indican que de aquí a 2025 se crearán diez mil nuevos empleos», dijo.

Además, vaticinó que, por año, la industrialización generará “500 millones de dólares de ventas al mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones”.

La discusión del proyecto continuará este viernes, con la presencia de la investigadora del Conicet Silvia Kochen; el investigador Germán Herrera; Andrés López, de la UBA; y Pablo Fazio, de la Cámara Argentina de Cannabis.

Según el presidente de la Comisión de Agricultura, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, el próximo lunes 5 de julio, y luego de escuchar a una segunda ronda de expositores, se emitirá dictamen, por lo que el proyecto puede estar para ser debatido en el recinto de sesiones una semana después.(Télam)