La decisión presidencial generó amplio rechazo en universidades y sectores docentes que advierten sobre un nuevo paro y protestas por el impacto presupuestario en la educación superior.

El presidente Javier Milei promulgó su veto total a la Ley de Financiamiento Universitario que había aprobado el Congreso en agosto, medida que contemplaba la actualización automática por inflación de los recursos destinados a salarios y gastos de las universidades nacionales. Esta normativa había sido respaldada mayoritariamente en el Senado con 58 votos a favor, pero Milei alegó que su implementación afectaría el equilibrio fiscal del gobierno y denunció presiones políticas detrás de su sanción.

El rechazo a esta decisión fue inmediato. La Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras casas de estudio exigieron a la Administración Nacional que reglamente la ley y expresaron preocupación por la situación crítica del sector, que ya sufrió recortes presupuestarios cercanos al 40% entre 2024 y 2025. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, destacó que los sueldos del personal docente y no docente son muy bajos, afectando la continuidad del personal calificado y la calidad educativa.

El plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió convocar a un paro nacional y una movilización de protesta para el día posterior al veto, advirtiendo que esta decisión complica el escenario educativo y académico en todo el país.

El veto llega en un momento de tensión política y social, a pocos días de la presentación del presupuesto 2026 por parte de Milei, en medio de un contexto de ajuste fiscal que ha impactado también en áreas como salud, discapacidad y jubilaciones. La comunidad educativa anuncia que la pelea por el financiamiento será clave en las próximas semanas, considerando la posibilidad de que el Congreso insista en la sanción de la ley con mayor mayoría para revertir la medida presidencial.