El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena.

De esta forma, la cartera de Justicia se obliga a detectar y proponer los casos de personas que tengan el perfil para acceder al Programa ya que lleva adelante los programas Víctimas contra las Violencias y el de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social se compromete a garantizar la inclusión al Programa a aquellos que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica.

“El Programa les da una base de ingreso, que es la mitad del salario mínimo, y los acompaña en la reinserción educativa y laboral. En casos de violencia de género también se les ofrece un sistema de alquileres para la concretar la relocalización”, señaló el ministro Arroyo.

Los titulares del Programa podrán optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, laborales o comunitarios, o terminando sus estudios primarios o secundarios.