La exclusión de acceso al mercado se enmarca en el criterio general definido por el Banco Central (BCRA) que ya deja fuera de esa demanda a todas las personas que reciben subsidios o planes de asistencia del Estado Nacional. “Cuando el Gobierno determine la segmentación, quedarán alcanzadas por esta regla, porque no está previsto hacer ninguna excepción a ella”, admitieron desde esa entidad.

El nuevo esquema de tarifas estaba previsto que entre en vigencia desde el mes que viene. Si lo hace, en paralelo se definirá la nueva ampliación del cepo que afectará a buena parte de la denominada “clase media” que se inscribió para tratar de conservar el beneficio los subsidios energéticos, tal como se había comenzado a especular -como alertó LA NACION en su edición del 29 de julio pasado- cuando las nuevas autoridades del área energética anunciaron cómo será el nuevo sistema de ajustes tarifarios con que el Gobierno espera recortar en medio billón de pesos el gasto público en un año.

Las cifras que trascendieron indican que cerca de 9 millones de personas realizaron la Declaración Jurada (DD.JJ.) para mantener parte de los subsidios energético. Si bien una parte de este universo ya estaba excluido del mercado cambiario oficial por otras causas (no poder justificar sus ingresos, haber operado dólares financieros o pedido financiamiento a 12 meses de sus consumos con tarjetas de crédito) se descuenta que esta nueva “poda” a la demanda de dólar “solidario” o ahorro será mucho mayor.

Según los últimos datos oficiales, del universo de quienes completaron el formulario RASE para mantener los subsidios, en el marco del proceso de registro, menos del 5% (353.000 clientes) pertenecen a la tarifa 1, de ingresos altos, que irán perdiendo ese beneficio.

A su vez, 3,2 millones de personas que se anotaron en la franja de la tarifa 3 (de ingresos medios) quedarán automáticamente fuera del mercado de cambios, dado que han solicitado que se les mantenga el subsidio (aunque les será recortado). A eso se agregan 4.539.217 que están ubicados en el nivel de tarifa 2, de ingresos bajos, que mantendrán el subsidio total, pero, si es que la tenían, resignarán ahora toda chance de acceder al dólar oficial.

La medida se enmarca en los esfuerzos que el Gobierno hace para acotar por la vía represiva la demanda privada de dólares para tratar de generar condiciones de mercado que le permitan al BCRA recomponer reservas, ahora que su tenencia neta volvió a quedar en niveles críticos apenas superiores a los US$100 millones.

En este sentido hay que interpretar el bloqueo impuesto a las compra en free-shop o el nuevo recorte que se hará en breve a las licencias automáticas de importación en marcha.

En los últimos meses, alrededor de 900.000 ciudadanos mantuvieron acceso al mercado de cambios oficial, demandando unos US$160 millones para atesoramiento por mes. Ese universo quedaría más acotado desde septiembre.

La norma por la que el BCRA oficializará esta nueva ampliación del cepo cambiario se conocería la semana entrante, si es que el Gobierno logra poner en marcha -desde el 1 de septiembre según había adelantado- el aumento de tarifas y el nuevo esquema de subsidios.

Las dudas surgen por los problemas operativos y regulatorios que las autoridades de energía enfrentan para definir qué usuarios quedan en cada grupo, lo que hace que se especule con la posibilidad de que el nuevo esquema tarifario comience a regir algunas semanas más tarde o desde el 1º de octubre directamente.

En cualquier caso, la ampliación del cepo está atada a esa definición.(DIB)