La determinación de la justicia federal llegó a pedido del fiscal Sabadini, en el marco de la investigación sobre hechos vinculados al desmonte ilegal que habrían sido llevados a cabo en conjunto por funcionarios y empresarios agrícolas y forestales.
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, prorrogó por tres meses la vigencia de la medida cautelar que suspende los desmontes en el Chaco , mientras se tramita la investigación a cargo del fiscal Patricio Sabadini en virtud de la denuncia presentada en julio pasado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
A través de una resolución que comenzó a regir este martes 19 de noviembre, la magistrada extendió la vigencia de la cautelar otorgada el 19 de agosto 2024, por el término de tres meses «o hasta tanto se reevalúen las condiciones de admisibilidad» de esa medida. Así, ordenó al Poder Ejecutivo , a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, la suspensión de los desmontes, «tanto los que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así también el otorgamiento de nuevos permisos en el territorio de la provincia del Chaco».
Junto a ello, la justicia ordenó a las autoridades provinciales «adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento» de la cautelar.
La determinación de la jueza Niremperger responde a un pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, solicitando que se prorrogue la vigencia de la medida cautelar con el mismo alcance que la original.
Entre sus fundamentos , el fiscal advierte incumplimientos de la medida judicial a partir de desmontes ilegales que siguieron ocurriendo en distintos puntos de la provincia. Cita como ejemplo –en base a publicaciones periodísticas- que el 5 de octubre, en el departamento de Almirante Brown, a 50 kilómetros del norte de Pampa del Infierno «se encontró una topadora con la cual se estaba realizando un cambio de uso de suelo, desmonte ilegal. Se logró detener inmediatamente el trabajo, no obstante, ya se habrían afectado varias hectáreas de monte».
Más allá de informes publicados por la prensa que sustentan la medida, se agregan informes de la Dirección de Bosques de la provincia y de Gendarmería Nacional.
«Amén de la vigencia de la medida cautelar, las actividades de desmonte en el territorio de la provincia del Chaco no han cesado, constituyendo un grave incumplimiento a una orden judicial, no solo lesivo de las leyes penales correspondientes sino también del bien que se ha pretendido resguardar, es decir, el bosque nativo» , agrega Sabadini en su pedido a la jueza.

«Una decisión fundamental»
«Gran triunfo», celebró la entidad que lidera el abogado Enrique Viale en sus redes sociales, tras conocerse la decisión de la jueza Niremperger de mantener la prohibición de los desmontes en el Chaco por tres meses más.
«La decisión fundamental frena la destrucción irregular de bosques nativos.  Ya vamos varios meses con la medida en vigor, un hito crucial que logramos para defender los ecosistemas y las comunidades afectadas por la #MafiaDelDesmonte», indicó la asociación.
Al mismo tiempo, la entidad destacó que «la investigación penal continúa avanzando, con pruebas contundentes» . «El proceso judicial responsabiliza al entramado empresarial y político implicado en desmontes ilegales», agregó.
«Esta extensión de la medida cautelar confirma la necesidad de seguir luchando para terminar la impunidad de estos delitos  y promoviendo que la sociedad argentina tenga los ecosistemas que se merece», resaltó.
«Celebramos enormemente esta victoria colectiva  y confirmamos que la lucha continua siempre. Una sociedad consciente y movilizada es crucial para mantener la presión social y legal para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos», reflexionaron desde la organización.

La investigación
Tras una presentación de la asociación ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, el 15 de agosto el Ministerio Público Fiscal formuló el requerimiento de instrucción  para promover la investigación de hechos vinculados al desmonte ilegal llevados a cabo en el Chaco «con la colaboración de funcionarios públicos y empresas de la industria agrícola y forestal «. A la vez, junto con el inicio de la instrucción de la causa, el fiscal solicitó la medida cautelar para prohibir los desmontes.
Según indican los considerandos del requerimiento de una prórroga en la medida cautelar, en el marco del desarrollo de la investigación a cargo de Sabadini se llevaron a cabo medidas orientadas a probar las hipótesis delictivas, proceso durante el cual se advirtieron situaciones que importan incumplimientos a dicha cautelar, es decir, la detección de desmontes ilegales en distintos puntos de la provincia.
Fue en julio pasado cuando la Asociación de Abogados Ambientalistas se presentó ante la justicia federal con jurisdicción en el Chaco, con una denuncia derivada de «una investigación exhaustiva» tras la cual descubrió «la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos»  en el Chaco.
De ahí que «se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses».
Los denunciados «están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de bosque nativo en Chaco», afirmaron los abogados, involucrando al entonces ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs; al exsubsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich; a diputados hoy en funciones y a empresarios.