Francia debió apelar este viernes al despliegue de blindados y de más policías para contener los violentos disturbios que en las últimas tres noches se extendieron a varias ciudades en respuesta a la muerte de un joven baleado por un agente, y pidió para la noche de este viernes la suspensión de los servicios de colectivos y tranvía, temeroso de que la oscuridad dé paso otra vez a disturbios en las calles de las principales ciudades.

Después de otra noche con edificios públicos atacados, tiendas saqueadas y vehículos incendiados, el presidente Emmanuel Macron reforzó las medidas de seguridad y apeló directamente a los padres de los menores que participan en las protestas.

En el marco de las manifestaciones, ya se produjo una muerte: la de un joven de 20 años que falleció tras caer del techo de un edificio, en Petit-Quevilly (Sena Marítimo, en Normandía).

«Estas próximas horas serán cruciales», remarcó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, dirigiéndose a las fuerzas del orden y a los bomberos. Francia «se enfrenta a unos disturbios de una violencia inusitada», agregó.

La violencia estalló el martes en los suburbios de París y se extendió por el país tras la muerte de Nahel, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente durante un control de tránsito en Nanterre, al oeste de la capital.

El balance de los enfrentamientos en la última noche fue elevado. El Gobierno informó de la detención de 875 personas (408 en París y sus suburbios) y de 249 agentes heridos, así como de 492 edificios atacados y de 2.000 vehículos calcinados.

La primera ministra, Élisabeth Borne, dijo que se estudiarían «todas las opciones», entre ellas el estado de emergencia que piden la derecha y la ultraderecha, pero finalmente el Gobierno recurrió a medidas de otro tipo para evitar más disturbios.

Por un lado, reforzó el número de agentes – este jueves se movilizaron 40.000- y autorizó el despliegue de blindados de la gendarmería, un cuerpo militar que tiene competencias de seguridad pública, sobre todo en zonas rurales.

Macron apeló a la «responsabilidad» de los padres de menores que participan en los disturbios, para evitar que salgan a la calle, y de las redes sociales, para que retiren contenidos vinculados con las protestas e identifiquen a sus usuarios.

Darmanin pidió además la suspensión de grandes eventos como conciertos, del servicio público de tranvías y autobuses a partir de las 21 y la venta de cohetes, bidones de combustible y productos inflamables.

El Gobierno se encuentra bajo presión, entre la derecha y la ultraderecha que le piden mano dura -e incluso una «represión feroz», en palabras del político ultra Éric Zemmour- y quienes reclaman medidas de apaciguamiento.

Dos sindicatos de policía, entre ellos el mayoritario Alliance, llamaron en un duro comunicado al «combate» contra las «hordas salvajes» que protagonizan los disturbios y advirtieron que «entrarán en resistencia» una vez superada la crisis.

La oposición de izquierda condenó el comunicado, que calificó de «amenaza de sedición» y de «llamado a la guerra civil». El líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon llamó al «poder político» a «retomar el control de la policía».

Sin referirse al comunicado, el ministro del Interior apeló a los agentes a «respetar las leyes y la deontología» y subrayó que la «minoría de delincuentes (de los disturbios) no representa la inmensa mayoría de los habitantes de los barrios pobres».

Los hechos relanzaron el debate recurrente de la violencia policial en Francia, donde en 2022 trece personas murieron en circunstancias similares a las del Nahel, y sobre las fuerzas del orden, vistas por parte de la población como racista.

La ONU pidió a las autoridades francesas ocuparse seriamente de los «profundos» problemas de «racismo y discriminación racial» en sus fuerzas de seguridad, acusaciones que el Ministerio de Exteriores calificó de «totalmente infundadas».

«Es el momento de que el país aborde seriamente los profundos problemas de racismo y discriminación racial entre las fuerzas de seguridad», evaluó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante una conferencia de prensa de la ONU en Ginebra.

«Francia y sus fuerzas del orden luchan con determinación contra el racismo y todas las formas de discriminación. No se permite ninguna duda sobre ese compromiso», replicó la Cancillería.

La Justicia investiga además como un intento de homicidio la agresión contra dos policías vestidos de civil en Marsella (sureste), y, en la Guayana, territorio francés en Sudamérica, las autoridades anunciaron la muerte de un hombre por una «bala perdida» destinada a policías.

Varios países europeos como el Reino Unido, Alemania y Noruega advirtieron a sus ciudadanos en Francia que eviten las zonas de disturbios y que extremen la precaución.

Este sábado tendrá lugar el entierro de Nahel, cuyo crimen, cuando se resistió a obedecer las órdenes de los agentes, originó los disturbios, anunció el alcalde de Nanterre, Patrick Jarry.

Mounia, la madre de la víctima, dijo en la cadena France 5 que no culpaba a la policía, sino solo al agente que le quitó la vida a su hijo, ya que «vio un rostro árabe, un chico, y quiso arrebatarle la vida».

La Justicia decretó prisión preventiva por homicidio voluntario para el agente de 38 años autor del disparo, cuyas «primeras» y «últimas» palabras durante su custodia policial fueron «para pedir perdón a la familia» de Nahel, según su abogado.

La situación amenaza con colarse en el Tour de Francia, la prueba ciclística que constituye uno de los eventos deportivos más importante del país.

El director de la prueba, Christian Prudhomme, dijo que está «en contacto continuo con los servicios del Estado» y que sigue el cuadro «con gran atención», porque después de dos etapas en el País Vasco español, el Tour vuelve el lunes a territorio francés con llegada a Bayona.