Hemos acompañado desde el primer día las decisiones que han tomado en materia sanitaria tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el de la Ciudad con el aislamiento social, preventivo y obligatorio en procura de achatar la curva de contagio del Covid-19 y, sobre todo el preservar las instalaciones e insumos necesarios para combatirlo. Celebramos oportunamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando determinó el inicio de la feria judicial extraordinaria en orden a las alarmantes cifras de contagios y su virulenta propagación mundial, pero siempre a la espera de la instauración definitiva de la digitalización de los expedientes judiciales ya que era el momento preciso para su puesta en marcha.  Empero, y ante la evidente parálisis en la que había quedado sumido el servicio de justicia y que nuestro anhelo no se visualizaba, ya el 31 de marzo le solicitamos a la cabeza del Poder Judicial que procediera a la inmediata conversión de la totalidad de las tramitaciones judiciales al formato digital o mínimamente, a todas aquellas que con las herramientas existentes pudieran ponerse en marcha.

Nos consta que desde entonces, se ha retomado fuertemente en aquella dirección después de una lentificación inexplicable de algún tiempo en el camino del expediente y la firma digital (adelantos que fueran sugeridos como imperiosos por nuestro Colegio Público de Abogados de la Capital Federal allá por 2.011).  Pero hoy, a poco más de 50 días del cese del funcionamiento normal y habitual de los tribunales de justicia, podemos afirmar que, si bien se han obtenido importantísimos avances en el trabajo electrónico a distancia, la realidad es que el servicio de justicia resulta insuficiente. Solo se tramitan las urgencias, quedando librados los derechos de muchos argentinos “a la buena de Dios”, esperando indefinidamente el momento de obtener sus reivindicaciones mediante la intervención de la Justicia Federal, Nacional y/o de la Ciudad.

A pesar de estos denodados esfuerzos, los que agradecemos y reconocemos públicamente, resulta evidente que el servicio de justicia parcializado que hoy se brinda es “a todas luces” insuficiente. Es por ello que, siguiendo con el imperativo que nos rige desde 2006 de que cada vez que cuestionamos proponemos ideas eficaces, es que venimos a plantear la necesidad imperiosa del pleno retorno de la actividad de los Tribunales para todos y cada uno de los expedientes iniciados o a iniciar. La pandemia es una amenaza vigente a la salud de todos, tanto para los justiciables como para los abogados, peritos, periodistas, público en general e integrantes del Poder Judicial, por todo ello no se nos cruza la afiebrada idea de volver al trabajo en idénticos términos que antes del 20 de marzo, pero es imperioso que se proceda a ordenar la prosecución de las causas en trámite, ahora si en su totalidad, y con la libertad absoluta para iniciar y sustanciar causas de cualquier índole. En esa inteligencia y, reconociendo el enorme trabajo que se ha venido haciendo, es que anhelamos que con todos y cada uno de los valiosísimos logros obtenidos, no se dé un solo paso atrás.

En efecto, hay avances indiscutibles en materia digital que, el solo pensar en alguna regresión que conduzca al formato papel,  conduciría al ostracismo a todo el sistema de justicia del siglo XXI. Para todo ello planteamos que en estos días hasta que se venza el nuevo plazo de feria extraordinaria y con la participación activa de nuestro Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ya que ha sido el motor de las innovaciones a partir de sus peticiones las que han sido aplicadas por la Corte Suprema, se proceda confeccionar y a consensuar un protocolo de actuación y funcionamiento integral de y ante el Poder Judicial. Entre otras ideas que se nos ocurren rápidamente en procura de su consecución y que, por supuesto no resultan excluyentes de otras posteriores que podamos agregar o las de los otros actores involucrados, proponemos:

1.- Disociación de turnos con dotaciones mínimas, por ejemplo de 9 a 12 y de 14 a 17. En el primero, por ejemplo,  juzgados impares, en el segundo los pares.

2.- Ningún trámite que pueda realizarse electrónicamente será atendido en las mesas de entradas de los Juzgados, incluidos los sorteos y asignaciones de expedientes.

3.- Las mesas de entradas deberían colocar una protección transparente con un orificio en la parte inferior al estilo de las que se utilizan en los Bancos y, con la amplitud suficiente para que los expedientes pasen sin problemas por allí.

4.- Magistrados, empleados, abogados, peritos, partes y todo el que deba ingresar a cualquier edificio deberá hacerlo con tapa boca. En la puerta deberá colocarse indefectiblemente servicio de lavado de manos obligatorio mediante dispensadores de alcohol en gel.

5.- Los ascensores no podrán llevar más de 3 personas por viaje, incluido el ascensorista si es que en dicho edificio cuentan con el mismo.

6.- En la puerta de cada mesa de entradas de todos los juzgados también deberá haber alcohol en gel y, quien ingrese o salga de las mismas deberá proceder al lavado de manos. Solo se permitirá el ingreso de una persona por vez.

7.- Se podrá solicitar suspensión de plazos en caso de abogados que estén contemplados dentro de los grupos de riesgo o bien deban guardar cuarentena obligatoria por haber contraído ellos o alguien de su grupo familiar íntimo el Covid-19. En caso de Magistrados y/o personal, estarán exceptuados de concurrir a los juzgados, pero quedan obligados a cumplir con sus funciones de manera electrónica desde sus domicilios.

8.- Solo atenderá la mesa de entradas un empleado o funcionario. A tal fin, además del tapa bocas deberá ser munido de guantes descartables y, alcohol en gel.

9.- Ante sospechas por síntomas de contagio de Covid-19, se procederá al inmediato traslado del personal que ha tenido contacto y al cierre preventivo de las instalaciones para su desinfección hasta que se tenga certeza de su aptitud sanitaria.

10.- Solo se realizarán de manera presencial las audiencias que no puedan ser suplidas por sistemas de teleconferencia. A tales efectos se deberán tomar todos los recaudos aquí descriptos, con más la obligatoriedad de una distancia mínima de 2 metros entre los participantes de la audiencia presencial.

11.- Oficios electrónicos de prueba informativa a entes públicos o privados, como también de libranzas y giros. En esta modalidad electrónica deberá incluirse a los dirigidos al Registro de Juicios Universales y al Archivo.

12.- Implementación de la la relación informática con los Registros para renovar inscripciones o trabar medidas cautelares electrónicamente eliminando el papel.

13.- Toda actividad arancelada deberá poder ser abonada por la vía electrónica.

14.- Las resoluciones judiciales deberán ser autosuficientes sin envíos o reenvíos a piezas del expediente que no se encuentren digitalizadas.

15.- Los dictámenes y/o cualquier otra actuación de la Procuración, Fiscales, o Defensores deberá estar digitalizada en el expediente y al alcance de todas las partes bajo pena de sanción en caso de omisión.

Todas estas medidas expresadas a modo meramente ejemplificativo sumadas a la responsabilidad de todos los actores de mantener distancia, y evitando todo tipo de contacto, habilitaría la posibilidad de un funcionamiento ordenado y conforme las medidas sanitarias recomendadas para las actividades tribunalicias. El Judicial es uno de los tres poderes constituidos del Estado de conformidad a lo establecido por el Artículo 1º de nuestra Constitución Nacional, por lo que no puede continuar indefinidamente sesgado o parcializado, si no que debe retomar el camino de su integral funcionamiento.  Es la hora de que el Poder Judicial cumpla eficazmente con su tarea desplegando todos los recursos a su alcance para la prestación del servicio de administrar justicia, poniendo de resalto que aquellos responsables de trabajar para su modernización lo continúen haciéndolo con la diligencia y eficacia que estos tiempos exigen. Ha finalizado el tiempo del papel. El momento de la digitalización total de los expedientes judiciales es ahora. Previa aprobación del protocolo propuesto, la feria judicial extraordinaria debe concluir.

Por Jorge Rizzo

 Abogado y periodista

(Artículo publicado en el diario Perfil)