En línea con el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el PJ distrital de Chascomús se pronunció claramente en contra del decreto firmado por el presidente Javier Milei. El posicionamiento se da en el marco de un estado de ebullición social, en donde a lo largo y ancho del país miles de voces de ciudadanos y sectores sociales se expresaron –y siguen haciéndolo- en rechazo a la decisión presidencial.

En un comunicado que está en línea con el posicionamiento adoptado por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el PJ Chascomús que preside Alfredo Macchin difundió un comunicado en el que se señala: “Desde el Partido Justicialista de Chascomús rechazamos tanto el decreto como el contenido de las medidas que vienen a regular y no sólo la economía sino la vida entera de nuestra gente y la casa común que habitamos para garantizar y hacer crecer la ganancia de un pequeño grupo”.

En otro tramo del extenso comunicado difundido a través de las redes sociales, el PJ Chascomús destaca su decisión de “Acompañar a la multitud que se movilizó el 20 de diciembre en defensa del sistema republicano y de cada sector social y político de la Argentina”.

Para dejar en claro su visión de los hechos que conmueven al país por estas horas, destaca el PJ que “El decreto inconstitucional del presidente Milei agrava todos y cada uno de los problemas que dice resolver: la pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que vive de su trabajo; la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional; la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado”.

En otro tramo se agrega que “La eliminación de la ley de góndolas, de la ley del fuego, de la ley de tierras, de la industria satelital, de la ley de alquileres y de los clubes de fútbol parecen tener por detrás, cada una de ellas, un nombre propio al que se busca beneficiar”.

Desde el PJ definen que “el presidente Milei se arroga con este decreto facultades que son propias del Congreso”, al tiempo que subrayan que la puesta en vigencia de este mega decreto garantiza “la destrucción del empleo y el entramado PYME, la pérdida de soberanía sobre el territorio y sus bienes naturales comunes, el quiebre del sistema de protección y cuidado de nuestra gente”.