El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, la máxima instancia judicial, dispuso que la Policía convoque en no más de 10 días al expresidente Jair Bolsonaro para escuchar su versión sobre el ataque a las instituciones del 8 de enero por parte de miles de seguidores del exmandatario.

«Determino que la Policía Federal proceda a la audiencia de Jair Bolsonaro, en el plazo máximo de 10 días», resolvió el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de la investigación por la ocupación de las sedes de los tres poderes el segundo domingo del año.

En esa jornada, miles de bolsonaristas que rechazaban el triunfo y la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva -que había jurado una semana antes- ocuparon y generaron destrozos en el Palacio presidencial, el Congreso y el Tribunal Superior en Brasilia.

En los copamientos se destruyeron muebles, obras de arte y vidrios de ventanas

La solicitud de audiencia de Bolsonaro había sido hecha por la Procuraduría General de la República (PGR), reseñó el sitio de Globo.

Ese pedido fue realizado cuando Bolsonaro todavía estaba en los Estados Unidos, a donde viajó antes de terminar su mandato para evitar traspasar el mando a Lula. Con su regreso al país, De Moraes ordenó programar la audiencia.

El 10 de enero, dos días después de los ataques, la Procuraduría hizo el pedido a partir de un video subido a las redes sociales en el que Bolsonaro volvía a cuestionar el resultado de las elecciones.

En la evaluación de los investigadores, el mensaje parecía una señal de que el exmandatario alentaba los actos de invasión de los edificios de los tres poderes.

En su resolución, De Moraes escribió que la declaración constituye “una medida indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados”, reseñó la estatal Agencia Brasil.

Detenidos e imputados

La Policía Federal detuvo a 2.151 personas en flagrancia.

El secretario de Seguridad Pública del DF, Anderson Torres, fue detenido el 14 de enero y el STF investiga su presunta falta de contención de los hechos.

Antes de asumir el cargo en el gobierno del Distrito Federal, Torres había sido ministro de Justicia de Bolsonaro.

La Fiscalía sumó la semana pasada nuevas imputaciones sobre la jornada: «Ya son 1.390 los denunciados, siendo 239 en el núcleo de los ejecutores, 1.150 como incitadores y una persona en la vía que investiga la supuesta omisión de agentes públicos», señaló la dependencia.

Las penas máximas podrían llegar a los 30 años para los acusados de delitos graves, como golpe de Estado e intento violento de abolición del Estado Democrático de Derecho, mientras que las más leves (por incitar a los militares contra los poderes constitucionales) podrían alcanzar los cuatro años.

En un primer momento, el gobernador del Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, había sido destituido, pero luego fue repuesto en el cargo por el mismo De Moraes, que entendió que la pesquisa no arrojaba evidencia de que el mandatario hubiera obstaculizado el trabajo de investigación o destruido pruebas.