Con la exposición del ministro de Educación, Nicolás Trotta, y de funcionarios del Ministerio de Ambiente, los senadores de los dos principales partidos políticos, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, votaron por unanimidad la firma del dictamen que quedó así en condiciones de ser sancionado en la próxima sesión de la Cámara.

La Cámara de Diputados lo aprobó hace diez días por 215 votos a favor, siete negativos y 18 abstenciones.

En una videoconferencia, Trotta destacó que la norma propuesta por el Gobierno nacional «sienta la base para fortalecer y profundizar la implementación de la ley desde una perspectiva integral en todo el país» y manifestó el compromiso de «llegar a todos los niveles educativos y escuelas».

El ministro subrayó el consenso logrado en torno a la propuesta y aseguró que «ningún proyecto como este había logrado hasta el momento el consenso necesario ni la prioridad política».

«Estamos convencidos que el presente proyecto alcanza los acuerdos necesarios para su sanción, lo hemos trabajando articulación con distintas fuerzas políticas y provincias. Las nuevas generaciones y distintos actores sociales nos instan a actuar y a diseñar políticas públicas que tiendan a un escenario ambiental crítico en un marco de pandemia que profundiza desigualdades sociales preexistentes», expresó ante los senadores.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, manifestó el apoyo de la bancada oficialista y aclaró que «el Estado tiene todas las herramientas» para la implementación de la nueva ley que «seguramente será un avance muy significativo en la vida de los argentinos».

El texto de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo busca «construir conciencia basada en la solidaridad, el respeto y la inclusión y la concientización sobre el derecho humano a un ambiente sano expresado también en la Constitución Nacional».

Si bien algunas provincias cuentan con su propia ley de educación ambiental, no existe una reglamentación que sea federal.

El proyecto establece la creación de una serie de organismos para instrumentar la política de la educación ambiental en todo el territorio nacional, a través de los cuáles se elaborarán y diseñarán estrategias y acciones de educación ambiental integral.

Además, establece que cada jurisdicción dispondrá la modalidad de implementación en la agenda educativa de al menos una jornada o espacio de mejora institucional dedicada a la educación ambiental y dará debida difusión sobre la actividad, sus participantes.

A propuesta del oficialismo, la ley será denominada con el nombre del exembajador argentino ante la Unesco y exsenador nacional, Fernando «Pino» Solanas, recientemente fallecido por coronavirus en Francia, en homenaje a su trabajo por el medio ambiente y su lucha por la preservación de la biodiversidad.(Télam)