La reforma a la Ley de Salud Mental busca establecer nuevos criterios para las internaciones involuntarias, permitiendo que estas se realicen solo en casos de riesgo grave para la vida o integridad física de la persona o de terceros, y siempre como un recurso excepcional. Las internaciones deberán ser evaluadas por un equipo interdisciplinario, y en situaciones de emergencia, un médico podrá decidir la internación, aunque esta decisión deberá ser revisada por el equipo en un plazo de 48 horas. Además, la reforma incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas con especialistas en psiquiatría cuando sea necesario. Otro aspecto relevante es la intervención judicial, que ahora requerirá que las internaciones sean comunicadas a la Justicia, la cual podrá solicitar informes y peritajes.

[El debate sobre el financiamiento del sistema sanitario fue un punto crítico durante la discusión de la reforma. El gobierno propuso mecanismos de cooperación financiera entre la Nación y las provincias para garantizar la implementación de la ley. Sin embargo, algunos senadores, como Gerardo Zamora y Guillermo Andrada, expresaron su preocupación por la falta de recursos adecuados para hacer frente a las nuevas responsabilidades que se asignan a las provincias. Desde el oficialismo, se defendió la reforma argumentando que la normativa actual es insuficiente para abordar situaciones clínicas complejas y que se busca mejorar la intervención en casos de riesgo grave. También se enfatizó la importancia de la prevención en el tratamiento de problemas de salud mental.]

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