La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, que ya permite internaciones involuntarias en situaciones de riesgo, propone cambiar el criterio de «riesgo cierto e inminente» a «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física». Esto implica que se considerarán antecedentes de conductas dañinas y la evolución previsible sin tratamiento, lo que podría permitir intervenciones antes de que se presente un peligro inmediato. Los defensores de la reforma argumentan que esto evitaría respuestas tardías, mientras que los críticos advierten sobre el riesgo de ampliar los criterios y potencialmente restringir la libertad de las personas sin suficientes garantías.

Además de los cambios en los criterios de internación, la iniciativa también modifica los procedimientos de internación y el rol de los profesionales en los equipos de salud. Se contempla la posibilidad de internaciones en hospitales especializados en psiquiatría, en lugar de limitarse a hospitales generales, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el fortalecimiento de una atención institucionalizada en detrimento de los dispositivos comunitarios. La discusión también incluye la necesidad de garantizar la disponibilidad de profesionales y recursos en localidades con escasez de especialistas, lo que es esencial para asegurar una atención adecuada y oportuna.

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