Un equipo interdisciplinario del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad interviene desde el domingo en la provincia de Jujuy para relevar la situación, brindar asesoramiento y contención a mujeres y LGBTIQ+ que sufrieron la represión de las manifestaciones contra la reforma constitucional, informó esa cartera.

«Debido a la preocupante situación que se vive en Jujuy y la violencia ejercida contra la ciudadanía que se manifiesta en rechazo a la reforma constitucional en dicha provincia, los equipos interdisciplinarios de este Ministerio continúan trabajando en el asesoramiento y acompañamiento integral a mujeres y LGTBI en Purmamarca, Tilcara y San Salvador de Jujuy», indicó un comunicado del Ministerio.

Ante el despliegue represivo que tuvo lugar el sábado 17 de junio en Purmamarca, el Ministerio presentó el domingo dos escritos ante el juez de control de turno y el fiscal para «manifestar preocupación y solicitar información respecto a la salud, condiciones de detención de las mujeres y LGTBI+ detenidas, como así también los hechos que se les atribuyen y los procesos judiciales iniciados», se informó.

También manifestó su preocupación por «las personas que permanecían con paradero desconocido tras el operativo» y solicitó el esclarecimiento de los hechos y la legalidad del accionar policial.

La comitiva fue encabezada por Aymara Choque, coordinadora de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Integrantes de Pueblos Originarios, de la Secretaría de Políticas contra la Violencia por razones de Género; Julia Albarracín, coordinadora de Prevención y Abordaje de la Violencia Institucional de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad; en articulación con la coordinación del Programa Acercar Derechos de Jujuy.

El martes pasado, tras otra represión policial contra manifestantes en San Salvador de Jujuy, parte de la comitiva se trasladó hacia el Penal de Alto Comedero para constatar la situación de las personas detenidas, donde se encontraban detenidos 45 varones mayores, 5 menores y 18 mujeres

La abogada Julia Albarracín pudo constatar «diferentes irregularidades en los procedimientos de detención«, como lectura de actas y derechos sin la presencia de un representante legal e incomunicación con familiares.

También observó la «falta de atención médica, provisión de alimentos y medicamentos, incluso a personas con impactos de bala, golpes en la cabeza, con afecciones crónicas y situaciones críticas de afectación de su salud mental que requerían asistencia urgente», detalló el Ministerio e informó que durante el transcurso del miércoles fueron liberadas 9 de las 18 detenidas.