El Decreto 1349/2026, publicado en el Boletín Oficial, extiende hasta el 30 de abril de 2027 la operación de cinco concesionarias de centrales hidroeléctricas, que suman un total de 1.127,7 megavatios de potencia instalada. Las empresas afectadas son Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (Chubut), Hidroeléctrica Diamante S.A. (Mendoza), AES Argentina Generación S.A. (Salta), Hidroeléctrica Tucumán S.A. (Tucumán) y Hidroeléctrica Río Hondo S.A. (Santiago del Estero). Los actuales operadores tienen un plazo de siete días para aceptar la extensión o mantener el servicio durante al menos 45 días hábiles mientras se define el traspaso. Este movimiento forma parte de un proceso más amplio que incluye licitaciones para otras grandes represas del país.

Además del sector hidroeléctrico, el Gobierno está reconfigurando el sistema ferroviario, con la difusión de pliegos para concesionar por 50 años las líneas de Belgrano Cargas, General San Martín y General Urquiza. Este modelo excluye el pago de un canon al Estado y permite a los operadores privados financiarse mediante peajes. Otros activos estratégicos, como Nucleoeléctrica Argentina y YCRT, están en la agenda del Gobierno, aunque aún no se han establecido plazos definitivos para su apertura al capital privado. Mientras algunos sectores argumentan que estas medidas buscan atraer inversiones y reducir el gasto público, las críticas se centran en los riesgos de perder el control estatal sobre recursos estratégicos y en la falta de planificación a largo plazo.

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