Coperativas de cartoneros y organizaciones sociales, ambientales y defensoras de derechos humanos de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron que brindarán una conferencia de prensa para el este lunes al mediodía, en repudio a la licitación publicada por el Gobierno porteño

para contratar un «Servicio de relevamiento de condiciones que impactan en la higiene urbana de la vía pública de la Ciudad Autónoma de Bueos Aires».

La puja por dicha licitación a la que se postula el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aclara entre sus especificidades que entiende por condiciones de higiene a «todos aquellos hallazgos vinculados mediata e inmediatamente con la limpieza del espacio público y la percepción de higiene urbana.”

Además, el documento especifica que “aquellos hallazgos que afecten el estado de limpieza del espacio público y la percepción de higiene urbana deberán ser reportados como incidencias.”

Según el comunicado de prensa de las organizaciones sociales, al que tuvo acceso Télam, «entre dichas incidencias además de basura o volquetes se mencionan en la misma categorización a personas en situación de calle y a recuperadores urbanos».

«Lejos de querer evitar iniciativas que ayuden al medio ambiente, lo que remarcamos es que una concepción de una ciudad más limpia no debe ir en detrimento del sentido más básico del reconocimiento de la vida humana», refuerza el comunicado.

La convocatoria está prevista para el próximo lunes a las 12.00 horas en el Obelisco.

El presupuesto que el Gobierno de CABA tiene calculado destinar para el relevamiento es de $1.525.990.897,15 millones de pesos que, divididos en 18 meses de trabajo, indica un valor aproximado de 84,7 millones de pesos por mes.

Sobre esto, las cooperativas manifestaron en el comunicado su descontento con el ministerio de Espacio Público por no destinar ese dinero a «las personas que viven en la calle», porque, indicaron, «continúan siendo violentadas; con subsidios habitacionales que cubre con suerte la tercera parte de un alquiler y lugares para dormir temporalmente en condiciones deplorables, que en caso de conseguir vacante se encuentran superpoblados».

La conferencia de prensa

Durante la conferencia de prensa se abordarán cuatro puntos sobre la medida que adoptó el gobierno de CABA:

1. El rechazo a la Licitación Pública Nº 7162-1862-LPU22

2. Solicitarán que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, deje sin efecto las ofertas recibidas el día 15 de marzo del corriente año.

3. Reclamarán que el GCBA convoque de forma urgente a una mesa de diálogo con las cooperativas cartoneras, organizaciones sociales, ambientales y derechos humanos de CABA para buscar soluciones que respeten la integridad de las personas.

4. Solicitarán el cese el hostigamiento a personas en situación de calle y a recuperadores y recuperadores urbanos a través del área de Fiscalización del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

Qué resuelve el pliego de especificaciones

El docuimento oficial presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó en el apartado titulado «Relevamiento general de la zona», que entre los elementos que afectan a la higiene urbana son: la «Presencia de asentamientos precarios producto de personas en situación de calle» que, indica, «Consiste en la verificación ocular de la presencia de personas y/o conjunto de las mismas que se encuentren residiendo transitoria y/o permanentemente en vía pública con carácter de habitualidad y/o permanencia.

En esa línea, la licitación también aclara que entre las especificaciones se encuentra la «Presencia de recuperadores realizando acopio de material en vía pública», que trata sobre  «la verificación ocular de la presencia de recuperadores que se encuentren recolectando y/o acopiando y/o realizando tareas afines respecto de residuos de tipo reciclables.

El pasado jueves, las agrupaciones sociales decidieron presentarse ante la justicia porteña para iniciar el reclamo legal bajo la consigna «No somos basura».

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores presentó una medida cautelar alegando que era «una licitación discriminatoria, que equiparaba restos de basura con personas realizando un trabajo para sobrevivir».