El pedido se efectuó a través de una denuncia presentada por el abogado Gerónimo Javier Ustarroz, en carácter de consejero representante del Poder Ejecutivo de la Nación en el organismo encargado de controlar la conducta de los jueces, conocida hoy de fuentes judiciales.

En el escrito, al cual tuvo acceso Télam, Ustarroz señaló que el 17 de octubre de este año el diario Página 12 publicó una nota donde se conoció un supuesto «cónclave político judicial secreto en Lago Escondido», donde se ubica la mansión del magnate británico Joe Lewis.

Allí habrían arribado mediante un vuelo privado Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth (exintegrante de la AFI) y Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.

El 5 de diciembre el presidente Alberto Fernández anunció, a través de cadena nacional, que instruyó al Ministerio de Justicia de la Nación para que adopte las medidas necesarias a fin de que se investigue el viaje, luego de que el tema cobrara mayor difusión mediática a partir de la filtración de chats entre quienes habrían participado de ese viaje. Allí aparecieron también los ejecutivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey.

El 7 de diciembre, la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare pidió a la Justicia que se investigue por aceptación de dádivas al grupo involucrado.

En virtud de estas circunstancias, Ustarroz consideró necesario que se dé curso a una investigación en el seno del Consejo de la Magistratura, ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas, dijo, podrían «subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones, de acuerdo a lo previsto por los artículos 53 y 115 de la Constitución Nacional».

Conforme surge de la información que ha trascendido públicamente, «los directivos del Grupo Clarín mencionados habrían sido quienes financiaron el viaje -avión privado, traslados y hospedaje- de los aludidos magistrados», indicó el documento.

Y en ese sentido, de ser comprobada esta situación, «alcanzaría para configurar un claro supuesto de mal desempeño, razón que justifica la necesidad de avanzar con la mayor celeridad posible en esta investigación», añadió.

De esta forma, «quedaría al descubierto un mecanismo desplegado por un grupo económico -en este caso vinculado a los medios de comunicación- tendiente a influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro», completó.

En caso de que se configuren irregularidades en las conductas de los magistrados, podría avanzarse en el pedido de juicio político, el cual estaría a cargo de un jury de enjuiciamiento.(Télam)