La prohibición de la venta de vapeadores en Argentina fue levantada por el gobierno de Javier Milei, estableciendo un marco regulatorio que busca ordenar el mercado de productos de nicotina. Se exigirá trazabilidad, estándares de calidad y registro obligatorio para fabricantes y comerciantes que operen en el país. Esta medida se basa en la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para controlar los atributos del producto, su acceso, la información al consumidor y las prácticas de comercialización, especialmente en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes. Además, se hace referencia a un estudio que indica que el consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos entre estudiantes de secundaria es alto, lo que refuerza la importancia de regular estos productos.

La Resolución 549/2026 también destaca que la prohibición absoluta puede favorecer la persistencia de canales informales e ilegales de comercialización, lo que aumenta los riesgos sanitarios y dificulta el abordaje integral del fenómeno. Por lo tanto, se busca establecer un marco regulatorio que permita al Estado fiscalizar el contenido y condiciones de elaboración de estos productos, desalentando el comercio ilícito, el contrabando y la fabricación artesanal sin estándares mínimos de calidad y seguridad. En resumen, la regulación integral de los productos de nicotina en Argentina busca garantizar un mercado ordenado y seguro para los consumidores.

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