El funcionario detalló que la medida implica el traspaso absoluto de los archivos que están en manos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos.

“Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y sólo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta”, reveló Adorni.

“A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya a saber uno con qué objetivo”, criticó el vocero y puntualizó que los archivos «pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política».

El asesinato del capitán Humberto Viola será reconocido como crimen de lesa humanidad

Por otro lado, Adorni anunció que el Gobierno reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad.

“En este atroz atentado ocurrido el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán, un grupo de guerrilleros con escopetas y ametralladoras en mano, interceptaron el auto en el que el capitán Viola viajaba con su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses y sus dos hijas, María Fernanda, de 5 años, y María Cristina, de tan solo 3”, detalló sobre lo sucedido.

Después de una corta balacera, su hija menor fue asesinada. El capitán Viola, gravemente herido, intentó correr y fue asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza.

En tanto, su hija María Fernanda, de 5 años, también recibió un disparo en la cabeza. Estuvo en coma cuatro meses y pasó por ocho operaciones.

«La esposa de Viola falleció en 2021 después de pasar el esto de sus días bregando por justicia, dado que tuvo que ver cómo los asesinos de su hija y su esposo, de apellidos Núñez, Carrizo, Paz y Emperador, fueron liberados a finales de la década del ‘80 y la familia de los asesinos cobraron indemnizaciones del Estado, de acuerdo a la Ley 24.043, por haber estado detenidos durante el Estado de Sitio”, expuso Adorni.

El vocero detalló que en 2008, la Justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que el atentado no se había tratado de un delito de lesa humanidad. En 2016, la viuda de Viola apeló ante la CIDH en búsqueda de justicia internacional. Durante la gestión Alberto Fernández, la Secretaría de Derechos Humanos, remitió una respuesta ante la CIDH donde sostenía que el atentado no constituía un delito de lesa humanidad.

La situación se modificó tras la asunción de Milei cuando se llegó a un acuerdo con la familia. «El asesinato del capital Viola y de su familia constituyó un delito de lesa humanidad», cerró el vocero.