El presidente peruano está citado para el miércoles para ejercer su defensa ante el congreso y aún no está resuelto que vaya a ejercer ese derecho en la sesión, en la que la oposición debe reunir 87 votos para destituirlo.

El ministro de Justicia de Perú, Félix Chero, adelantó este lunes que si acaso prospera en el Congreso el intento de destitución del presidente Pedro Castillo, el Gobierno buscará “todas las vías constitucionales y supranacionales” para intentar que siga en el cargo, lo que deja entrever la chance de desconocer la votación.

Castillo está citado para el miércoles, para ejercer su defensa, y aún no está resuelto que vaya a ejercer ese derecho en la sesión, en la que la oposición debe reunir 87 votos para destituirlo en la tercera moción de vacancia que enfrenta el mandatario desde que asumió.

“Hemos señalado que se van a utilizar todas las vías constitucionales y supranacionales para defender lo que en democracia corresponde en un Estado constitucional; se tendrá que establecer que hay un inminente perjuicio a los derechos constitucionales y se tendrá que instrumentalizar una medida cautelar vía un amparo o una medida provisoria ante las instancias internacionales que correspondan”, remarcó Chero a la radio Exitosa de Lima.

Para el titular de Justicia, la nueva moción de vacancia presidencial -presentada por el independiente Edward Málaga- “está llena de vicios y subjetividades que busca forzar la figura de la presunta incapacidad moral” de Castillo.

Chero evaluó que “lo que se pretende con esta tercera vacancia es hacer un híbrido subjetivo de causales que ya fueron discutidas en la primera y segunda vacancia”.

Cuestionó además que se busca “hacer inferencias y calificaciones jurídicas de hechos y de aparentes elementos de convicción que no han sido corroborados que corresponden al ámbito fiscal” y denunció que se quiera “construir una incapacidad moral permanente sobre la base de una investigación».

De hecho, Chero devolvió el sábado al jefe del Congreso, José Williams, el documento de la nueva moción.

“Me es grato dirigirle la presente a efectos de hacerle llegar un cordial saludo y hacer oportuna la ocasión para devolver el traslado de la Moción Orden del Día 4904 que contiene el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente, toda vez que en esta se encuentra incompleta”, señala el texto con el que Chero retornó el documento.

Por 73 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones, el pleno del Congreso aprobó la semana pasada la moción, y acordó citar a Castillo para pasado este martes.

El abogado del mandatario, Benji Espinoza, dijo que se está analizando si el presidente se presenta ante el legislativo.

«No se ha definido. Se está evaluando, se están viendo varias alternativas. Una de ellas es que participe, otra de ellas es que Palomino Manchego (abogado alterno) haga la defensa y pueda refutar los cargos que tiene esta alegada, pero para nosotros absolutamente infundada, moción de vacancia», dijo Espinoza.

Según las leyes, el jefe de Estado tiene la posibilidad de comparecer previamente al debate para realizar sus alegatos de defensa, solo o acompañado de su abogado.

Este es el tercer pedido impulsado por el Legislativo desde que el jefe de Estado asumió el poder en julio de 2021.

Si el pedido logra 87 votos a favor, en un Congreso unicameral de 130 representantes, Castillo debe abandonar la presidencia y ser sustituido por la vicepresidenta Dina Boluarte.

Precisamente Boluarte fue beneficiada este lunes por la decisión de una comisión del Congreso de desestimar y archivar una denuncia que buscaba destituirla por una supuesta infracción constitucional.

La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó con 13 votos a favor y 8 en contra archivar por falta de evidencias la denuncia contra la número dos del gobierno, acusada de presuntas irregularidades administrativas.

Si Boluarte era sancionada, el jefe del Congreso, Williams –un exmilitar de Avanza País-, habría quedado en la línea inmediata de sucesión presidencial.

La vicepresidenta había sido denunciada por la Contraloría por ejercer un cargo en un club de apurimeños residentes en Lima al mismo tiempo que es funcionaria, algo que la ley peruana prohíbe.

FUENTE:TELAM