Cinco días antes de la segunda vuelta de las elecciones generales celebradas en noviembre en Argentina, un nutrido grupo de “personas dedicadas a la conservación de la biodiversidad”, entre los que se encontraban “técnicos/as, guardaparques, académicos/as y naturalistas” emitió un comunicado manifestando su predilección por Sergio Massa, candidato oficialista, debido a su “compromiso para enfrentar y buscar acciones concretas para mitigar el efecto del cambio climático y garantizar la protección de la biodiversidad”. A su vez, recordaban que Javier Milei, su contrincante, “niega abiertamente el cambio climático; manifiesta que no sería delito contaminar ríos; propone privatizar el mar; se muestra en contra de la creación de áreas naturales protegidas y declara que la investigación en conservación es un gasto que no corresponde a la situación del país”.

La mirada previa del mundo científico-ambientalista explicaba por sí misma el significado que podía tener en los próximos cuatro años un triunfo opositor en esas elecciones. El acceso de Milei a la presidencia de Argentina ha confirmado rápidamente lo que se suponía y ha encendido todas las alarmas entre quienes sostienen la imperiosa necesidad de priorizar una agenda ambiental que hasta el momento, según precisan, siempre ocupó un segundo plano para la política, la economía y la sociedad en su conjunto.

Durante su campaña, entre otras afirmaciones, el nuevo mandatario expresó su determinación para eliminar el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desintegrar la Administración de Parques Nacionales o reducir de manera sensible la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), principal centro de estudio e investigación para la gente de ciencia dedicada a los temas de biodiversidad y medio ambiente. La primera de esas medidas ya se concretó. El ministerio ha sido eliminado como tal y pasó a ser una subsecretaría dependiente de la cartera de Interior.

Por otro lado, el flamante presidente firmó un megadecreto de más de 300 artículos que continuó con la presentación de un proyecto de “ley ómnibus” que en sus 660 artículos pretende modificar todas las áreas y estructuras de gobierno del país, y desde ya, afecta a varias normas y disposiciones medioambientales.

El primer decreto determina la derogación de la ley de Tierras. El propio Javier Milei explicó que su eliminación es necesaria porque “limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”. En la práctica, su puesta en funcionamiento habilitaría la adquisición de áreas rurales a los grandes capitales nacionales y extranjeros, sin restricciones de tamaño ni control sobre su uso. Y aunque en algún momento se mencionó la posibilidad de modificar la ley del Manejo del Fuego, que prohíbe la venta de terrenos incendiados de manera intencional durante plazos de entre 30 y 60 años, finalmente este punto no fue incluido. Lo más grave, de todos modos, estaba por llegar.

La subsiguiente “Ley ómnibús”, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, pone el acento en varias cuestiones ambientales. Por ejemplo, modifica la Ley de Bosques, reduciendo de manera significativa su financiación, lo cual desincentivará la conservación de bosques nativos a quienes los posean en tierras; y peor aún, habilita la deforestación de dichos bosques, incluso los que actualmente integran las categorías con el más alto nivel de protección. Una carta redactada por más de un centenar de organizaciones sociales y dirigida a los diputados del Congreso Nacional estima que la aprobación de la medida “implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de bosques nativos” y dejaría desprotegidos al 80 % de los todavía existentes en el país.

En otros artículos, el proyecto gubernamental modifica la Ley de Glaciares, habilitando la actividad productiva en las áreas periglaciares, “un reclamo histórico del sector minero”, según la mencionada carta, que agrega que, de concretarse, constituirá “una clara vulneración al principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú”. 

La propuesta incluye permitir la quema de campos de manera tácita, es decir, sin necesidad de aprobación previa de las autoridades (cabe recordar que en los últimos años, los incendios sin control han devastado cientos de miles de hectáreas en el país); y crea un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), cuyo monitoreo discrecional estaría a cargo del propio gobierno. En este sentido, la norma presentada al Congreso no indica de qué manera se llevará a cabo la transición energética ni cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones a 2030 y carbono neutralidad a 2050 en el marco del Acuerdo de París, según las organizaciones ambientalistas.

El proyecto también pretendía abrir la pesca en la Zona Exclusiva Económica del Mar Argentina a los barcos extranjeros, quitando —entre otras muchas cosas— la exigencia de desembarcar las capturas en un puerto del país. La protesta generalizada de los gobernadores de las provincias implicadas ha logrado, en principio, que el gobierno contemple negociar y discutir estas reformas. 

Al megadecreto presidencial y la “Ley ómnibus” les quedan todavía varias etapas parlamentarias y judiciales que superar para poner en marcha todos los cambios previstos, pero sin duda anticipan que los desafíos ambientales de la Argentina deberán afrontar más dificultades que nunca.