El Congreso unicameral de Perú autorizó por amplia mayoría al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte a legislar por decreto durante tres meses sobre asuntos de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres e infraestructura social, informó la prensa local.

El dictamen de comisión fue aprobado la noche del miércoles con 80 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, y quedó listo para su promulgación, informó la agencia de noticias Andina.

Organizaciones gremiales advirtieron que medidas de esa clase podrían afectar el derecho a la protesta y la libertad de expresión

«Hay tiempos como estos en los que el interés nacional prima sobre todo; el tema de la inseguridad ciudadana nos compromete a todos y este Congreso no puede ponerse de espaldas», afirmó la presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano.

La legisladora sostuvo que el texto aprobado recoge «algunos elementos presentados por el Ejecutivo, pero otros no», y advirtió que «esto no es un cheque en blanco».

Moyano pertenece al partido fujimorista Fuerza Popular (FP), una de las varias fuerzas de derecha en el Congreso -donde ninguna bancada tiene mayoría propia- que se convirtieron en sostén de Boluarte, que llegó al gobierno a través de la agrupación de izquierda marxista Perú Libre, de la que tomó distancia este año.

La inseguridad ciudadana es uno de los problemas que más preocupan a los peruanos, según diversas encuestas, pero al mismo tiempo causaron rechazo algunos anuncios del gobierno con la intención de combatirla.

La inseguridad ciudadana es uno de los problemas que más preocupan a los peruanos, según diversas encuestas, pero al mismo tiempo causaron rechazo algunos anuncios del gobierno

El debate se intensificó desde el viernes, cuando la Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 18 votos contra cuatro un texto que permite que se procese judicialmente a «comunicadores» que «inciten» con sus informaciones a actos de protesta que deriven en violencia.

Organizaciones gremiales advirtieron que medidas de esa clase podrían afectar el derecho a la protesta y la libertad de expresión.

Al respecto, Moyano sostuvo que en la autorización el Ejecutivo para que legisle por decreto se establece que ello debe hacerse «sin que se criminalicen la libertad de información, de opinión, de expresión y de difusión de pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas y otros derechos fundamentales».