Insólitos argumentos o supuestos justificativos para defender lo indefendible. Algunos ediles llegaron a afirmar que “hay que dejar que la justicia determine”, sin caer en la cuenta que lo que se está negando, es la ayuda precisamente a ese poder de estado (el judicial) para que tome declaraciones testimoniales. La causa se tramita en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, y busca establecer si una compra de terrenos en Chascomús, se realizó con dineros obtenidos en el marco del terrorismo de estado, producto de los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones que llevaba adelante la denominada “Banda de Aníbal Gordon”, uno de cuyos integrantes era el vecino chascomunense Miguel Save.

El Concejo Deliberante de Chascomús decidió negar el uso del espacio físico del recinto de calle Mitre 83, ante el pedido de la Comisión Municipal de la Memoria, para que en dicho ámbito puedan constituirse autoridades judiciales que llegarán a Chascomús a tomar declaraciones testimoniales, en el marco de una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad, ocurridos en la ciudad durante la última dictadura cívico/militar.

La repudiable decisión fue adoptada por el presidente del cuerpo, el radical Andrés Sanucci, quien en su rol de máxima autoridad tiene la potestad de determinar la utilización del recinto y otros espacios del cuerpo deliberativo, para actividades diversas. Más allá de esto, trascendió que una decena de ediles (de al menos tres de los cuatro bloques existentes) compartirían esa insólita decisión. No obstante, no se supo a ciencia cierta quiénes avalan y quienes desacuerdan con lo determinado: nadie –al menos hasta ahora- se expresó formalmente sobre el tema. Según las distitnas fuentes consultadas para esta nota, diez edies de la UCR, del Pro y del PJ habrian -sólo de manera verbal- dado consentimiento para rechazar el uso del recinto del deliberativo por parte de la justicia federal. Sin embargo, incluso con estas líneas ya publicadas (y luego actualizadas) fue imposible encontrar posicionamientos oficiales al respecto. Tampoco se conocieron de manera formal, postura alguna de los integrantes del cuarto bloque de ediles, en este caso el de Unidad por Chascomús.

Desde su constitución, la Comisión Municipal de la Memoria funcionó en el ámbito del Concejo Deliberante. Sin embargo, ahora las autoridades del cuerpo –y en particular los ediles de los bloques del Pro que preside Ramiro Ferrante y la UCR que preside la abogada Lorena Escaray- consideran que no corresponde que la Justicia Federal de Mar del Plata tome declaración a testigos de los hechos que se investigan “porque la comisión está muy politizada” (sic). Otras insólitas argumentaciones han sido afirmar que “… tenemos que esperar a que la justicia se expida en la causa que se investiga”, para lo cual es precisamente la toma de declaraciones: para poder avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Ahora, las declaraciones serán tomadas por los funcionarios judiciales marplatenses que llegarán a Chascomús el próximo miércoles, en el despacho del Secretario de Gobierno del municipio, Cipriano Pérez del Cerro.

LA CAUSA QUE SE INVESTIGA

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dio inicio días atrás al juicio en la causa que tiene como imputados a tres mujeres y un hombre, hijas e hijo del fallecido Leonardo Miguel Save, sindicado integrante de “la banda de Aníbal Gordon” -organización paramilitar que actuó en la época del terrorismo de Estado-, acusados de realizar diversas maniobras para incorporar al mercado legal dinero procedente de delitos de lesa humanidad perpetrados por su padre.

Las personas imputadas, representadas en juicio por la Defensoría General de la Nación, son María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save. El caso llegó a debate oral y público luego de que la Cámara Federal de Apelaciones, en sintonía con el planteo del MPF, rechazara la aplicación del instituto de la reparación integral para declarar extinta la acción penal.

Durante la audiencia de apertura, el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, a cargo de la instrucción de la causa y de la acusación del Ministerio Público Fiscal en esta instancia de juicio, dio lectura a la síntesis del requerimiento de elevación a juicio. Lo hizo acompañado por la auxiliar fiscal María Eugenia Montero y por el auxiliar fiscal Julio Darmandrail, integrantes estos de la Oficina de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad  de Mar del Plata, dependencia da cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri.

La fiscalía cuenta en el proceso con la colaboración de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación. Durante la instrucción del caso, contó también con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA COMPRA DE TERRENOS

El juez Roberto Falcone lleva adelante el debate de forma unipersonal. El fiscal Juan Pablo Curi expuso en la lectura la hipótesis que buscará demostrar a lo largo del juicio, que refiere a la adquisición de dos terrenos por parte de miembros de “la banda de Aníbal Gordon” de manera extorsiva o mediante algún otro medio ilícito, en el marco del terrorismo de Estado.

Explicó que en la causa se abordó el marco contextual del plan sistemático de represión y exterminio perpetrado en el país; las distintas normas dictadas tanto en el periodo democrático previo a la dictadura como con posterioridad al 24 de marzo de 1976; y precedentes de sentencias dictadas en otros procesos vinculados con la investigación de grupos paraestatales que intervinieron antes y después del golpe de Estado.

El fiscal Curi explicó que la maniobra se llevó a cabo “a través de una serie de actos irregulares, en los que intervinieron los acusados, al menos desde el año 1999 y que tuvieron por finalidad la registración de los inmuebles bajo su titularidad en la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires”, que se concretó en 2008.

BOATING S.R.L.

El fiscal precisó que en ese contexto se ubicó el padre de los acusados, Leonardo Miguel Save, como parte de ese proceso “antisubversivo”, particularmente como integrante de una de las organizaciones ilegales al servicio de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y que luego aquél sujeto se instaló en la ciudad bonaerense de Chascomús, de donde era oriundo. Añadió que en la investigación se determinó la vinculación de Save con un proyecto inmobiliario frustrado, denominado Boating SRL, y la compra de terrenos con dinero espurio -que fueron motivo de investigación- con el fin de trasmitirlos a sus herederos bajo apariencia de legalidad.

El fiscal acompañó la exposición con cuadros explicativos. “El suceso imputado consiste en haber adquirido, transferido, ocultado y administrado las parcelas identificadas catastralmente como Partido 027, Circunscripción XI, Parcelas 1164M y 1164X –antiguamente 1164G y 1164H-, ubicadas en el barrio Parque Girado de la localidad de Chascomús, pertenecientes originariamente a las familias Girado y Vanzato respectivamente”, relató Curi.

Explicó que la maniobra se llevó a cabo “a través de una serie de actos irregulares, en los que intervinieron los acusados, al menos desde el año 1999 y que tuvieron por finalidad la registración de los inmuebles bajo su titularidad en la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires”. La registración se configuró en 2008, momento a partir del cual los imputados continuaron administrando los predios hasta la actualidad.

LA COMPRA, EN OCTUBRE DE 1976, DIAS DESPUES DE UN SECUESTRO

De acuerdo con la prueba reunida, la compra de los terrenos se realizó en octubre de 1976 con parte del dinero sustraído días antes de la vivienda de unas de las víctimas de la organización, Alberto Cecilio Mechoso Méndez.

“Al mismo tiempo –continuó-, mediante dichas operaciones se buscó aparentar y disimular el origen ilícito del dinero con el que se adquirieron las parcelas, el que provenía de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos por la organización conocida como la banda de Aníbal Gordon, durante la última dictadura militar, de la que participaba entre otras personas, Leonardo Miguel Save, progenitor de los imputados, hoy fallecido”, indicó el fiscal.

Añadió que la compra de los terrenos -de acuerdo a la prueba reunida- se realizó en octubre de 1976 con parte del dinero sustraído de la vivienda de unas de las víctimas de la organización, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, durante su secuestro. Este episodio tuvo lugar el 26 de septiembre de 1976, ocasión en la que agentes uruguayos y argentinos irrumpieron en su casa de la calle Miralla 2864 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sustrajeron una suma de entre 2 a 8 millones de dólares.

El fiscal precisó que, a partir de ese año, se llevaron adelante diferentes escrituras públicas, cesiones de derechos, poderes especiales de escrituración, cesiones de poderes especiales de escrituración, boletos de compra-venta y/o actos simulados con la participación de personas interpósitas o con identidades falsas. Brindó al respecto los detalles de una secuencia de actos irregulares, que permitieron a los imputados registrar bajo su titularidad los terrenos en cuestión.

La conducta reprochada, explicó Curi, encuentra adecuación típica en el delito de lavado de activos de origen ilícito por el que deberán responder en carácter de coautores penalmente responsables, de acuerdo a lo previsto en los artículos 45 y 303, inciso primero, del Código Penal.

Luego fue el turno de las querellas representadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que expusieron su acusación. En el debate también interviene como querella adhesiva el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH).

(Fuente: www.fiscales.gob.ar)