La anunciada cooperación de Estados Unidos con Ecuador en el combate del país sudamericano a las bandas criminales, ahora con categoría de «terroristas», abre una nueva zona de incertidumbre, y hasta polémica, acerca de en qué puede consistir concretamente la ayuda y si esa asistencia no esmerila la soberanía ecuatoriana, mientras la justicia tiene pendiente fallar sobre la constitucionalidad de un acuerdo bilateral en la materia de 2023.

El artículo 5 de la Constitución de Ecuador dispone que el país es un territorio de paz y veta «el establecimiento de bases militares extranjeras y de instalaciones extranjeras con propósitos militares».

Pero la Ley de Seguridad Pública habilita a la Cancillería, con acuerdo del Ministerio de Defensa, a coordinar «la cooperación, intercambio de información y operaciones militares combinadas con otros países».

Apenas se agravó la crisis de seguridad con la fuga de dos líderes de bandas vinculadas al narcotráfico y una serie de motines, ataques explosivos y polícías secuestrados que hizo que el presidente Daniel Noboa declarara el «conflicto armado interno», Washington ofertó asistencia y el envío de funcionarios para analizar qué aporte puede hacer.

«No tenemos que imaginar la presencia de militares norteamericanos al lado de los locales. Eso, que es moneda corriente en (Medio) Oriente, en América Latina no pasa. Lo más probable es que veamos un involucramiento de muchas agencias de Estados Unidos con oficinas en Ecuador, capacitando, dándoles financiamiento para modernización. Y hasta puede haber algún negocio en el equipamiento», evaluó el secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata (IRI-UNLP), Juan Alberto Rial.

Magister en Relaciones Internacionales, docente de Derecho Internacional Público y especialista en Defensa y Seguridad, Rial señaló a la agencia Télam que «muchas veces suele escucharse que cuando uno compra armas compra también ideología, porque no es lo mismo comprar a EEUU, Francia o Alemania que comprarle a Rusia o China».

«Washington tiene claro esto. De hecho, la cooperación histórica con Colombia y la que tiene ahora con México tiene mucho que ver con el punto. La posibilidad de desembarcar otra vez en Ecuador, sea a través de asesores o de capacitadores, le va a venir muy bien a Estados Unidos para recuperar un terreno que había perdido a manos de quienes desafían su presencia en América Latina«, afirmó.

Algunos países -Argentina entre ellos- y la Unión Europea también hicieron saber de su predisposición a aportar asistencia y hasta hombres, pero EEUU fue más concreto y anunció un viaje a Quito de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson; del subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, y del subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan.

Los dos países tienen firmado desde el 6 de octubre del año pasado un «Acuerdo entre el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de Estados Unidos relativo al estatuto de las fuerzas», un texto de 14 artículos cuya legalidad tiene en estudio la Corte de Constitucionalidad (CC).

«Como Noboa identificó a las bandas como enemigos transnacionales da un justificativo, si se quiere teórico, a la militarización del combate. Estados Unidos tiene que pulir el desembarco de esa asistencia. Los nombrados son funcionarios importantes en su vínculo con la región. Desde mi perspectiva, no será muy diferente a la asistencia que brindó a Ecuador en otras ocasiones», consideró Rial.

La referencia al pasado tiene que ver con las relaciones que tejieron Quito y Washington mientras funcionó la base norteamericana en la ciudad costera de Manta, instalada en 1999.

Rafael Correa decidió durante su presidencia no renovar el acuerdo en 2009 y ya había impuesto, un año antes, en la llamada Constitución de Montecristi -por la ciudad en la que se redactó- que el territorio «no albergará bases militares extranjeras ni tropas extranjeras y se abstendrá de realizar cualquier tipo de convenio que implique otras formas de presencia militar extranjera».

Para el analista del IRI-UNLP, «no parece que EEUU requiera la existencia de una base militar, pero es probable que su asistencia sea el puntapié inicial para aumentar la presencia en América Latina, que se ve disminuida por la existencia de un competidor estratégico de relevancia, que es China».

«Lo más probable es que en principio la colaboración tenga que ver con capacitación, probablemente de parte de la DEA (Administración de Control de Drogas) y de las Fuerzas Armadas. Ecuador tiene a 22.000 militares en combate contra estos grupos, pero a priori no están capacitadas para esto. Hay que formarlas para estas amenazas no tradicionales», explicó Rial.

Los antecedentes más fuertes de EEUU en la región, con alguna semejanza y muchas diferencias, son los del Plan Colombia, para combatir el narcotráfico, y la Iniciativa Mérida, para contrarrestar el accionar de los carteles y el crimen organizado en México.

«El Plan Colombia hizo que Washington y Bogotá tengan una relación muy cercana en seguridad, defensa y hasta en temas económicos. EEUU capacitó a las Fuerzas Armadas para combatir a las FARC. Y hubo muchas inversiones, no solo en cuestiones estratégico-militares, sino también en áreas estrictamente económicas. La estructura industrial norteamericana además proveyó equipamiento. Y hubo fuerte presencia de la DEA, además», repasó Rial.

En México los resultados fueron más ásperos, en parte, según el especialista, porque «se dieron los mismos problemas que Noboa encuentra ahora: una capilaridad entre los carteles con el sistema judicial y las Fuerzas Armadas y de seguridad, que hacía que los líderes de los carteles tuvieran delegados en cada espacio».

A eso se sumaron los abusos de las FFAA, en un combate que dejó unas 350.000 víctimas y 110.000 desaparecidos. «Y los carteles siguen actuando sin control, igual que las FFAA. No necesariamente la militarización es la respuesta», consideró Rial.

Un punto a atender en la cuestión es la reacción de países vecinos, en general atada a las relaciones que tengan con Estados Unidos. Venezuela es buen ejemplo: en la semana, Nicolás Maduro ya recomendó a Quito que no acepte la ayuda de Washington. «Lo que va a hacer el Comando Sur es intervencionismo», avisó el mandatario bolivariano.

Según Rial, «es claro que a algunos países de la región les va a generar una enorme incomodidad. Brasil, líder de la región, siempre estuvo muy incómodo con la presencia norteamericana, pero hoy Brasilia no tiene los recursos para impedirlo. Vamos a escuchar críticas muy encendidas de Caracas y La Paz y moderadas de Santiago».

«Pero también es cierto que la normalización de Ecuador, si se diera, va a ser beneficiosa para toda la región. Porque se trata de una amenaza latente para toda la zona. Suele decirse que América Latina es la región más pacífica del mundo porque los presupuestos militares son bajos y la conflictividad interestatal es casi nula, pero hay una enorme conflictividad de baja intensidad, no tradicional», señaló.

Finalmente, Rial llamó la atención sobre la localización de Ecuador y lo que esto permite: «su ubicación geográfica lo condena prácticamente a sufrir lo que está sufriendo. Tiene a Colombia al norte y a Perú al sur, primero y segundo productor de cocaína. Y es una puerta de salida hacia la costa del Pacífico de EEUU y los mercados de Asia».

«Ecuador debe tomar el toro por las astas para no convertirse en un narcoestado. La asistencia de EEUU puede empezar a enderezar la nave si se hace con inteligencia. Más allá de lo estratégico -recuperar la pieza perdida-, lo de EEUU tiene que ver con su seguridad doméstica, porque las drogas llegan a la costa del Pacífico y eso le genera problemas de salud y seguridad», concluyó Rial.

FUENTE:TELAM