La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó el análisis de las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), con la presencia de testigos y damnificados como parte del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia iniciado en febrero pasado.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos) informó que la exdirectora de la Obra Social, Marta Herrera Alem, pidió reprogramar su declaración en la comisión.

Gaillard señaló que con la declaración de los testigos «estamos concluyendo la etapa sumarial de una de las causas que se investiga en esta Comisión: las irregularidades en la OSPJN».

De este modo, la comisión de Juicio Político comenzará en la próxima reunión con el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.

Esa reunión se realizaría el próximo jueves 15, ya que está previsto el martes 13 realizar la sesión informativa para que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brinde su informe de gestión como lo establece la Constitución Nacional y el miércoles 14 efectuar una sesión con el tratamiento de temas consensuados, informaron fuentes parlamentarias.

La primera testigo que comenzó a declarar en la tarde de este martes fue la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin.

La funcionaria judicial dijo: «Me dedico específicamente a expedientes jurisdiccionales, no tengo conocimiento de cuestiones sobre superintendencia y administrativa, los expedientes de la obra social vienen por otra línea que no es la que yo trabajo».

Ante una consulta del diputado Leopoldo Moreau, López Alducin confirmó que Maqueda «tenía el primer voto en temas de salud y obra social y en los temas laborales«, y precisó que cuando debe enviar un proyecto lo hacía «al correo de Silvio Robles o Natalia Monayer porque no tengo el correo de Rosatti».

Por su parte, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda, señaló que «a mí no me pedían gestiones, yo no gestionaba; era una simple ayuda, una simple guía, como la que puede hacer cualquiera que podría estar en la Corte, o como la podría hacer cualquiera cuando alguien pide una colaboración».

En su exposición, Villarruel se refirió al caso de la jueza Martina Forns sobre la situación que pasó en la pandemia con su marido, y dijo que su misión fue «el reenvío de su pedido a la obra social para cersoriarme que la comunicación que aparentemente estaba trabada pudiera ser allanada».

Agregó que «las personas que llegaron a mi para consultar por una cuestión con la obra social las puedo contar con los dedos de la mano», incluido «el caso de Forns, siempre mi intervención se limitaba a ver si la obra social había recibido ese pedido para que le dieron el curso que correspondía».

La exdirectora de la obra social del Poder Judicial, Claudia Madies, en tanto, dijo que «era la primera vez que intervenía un Directorio Colegiado en la OSPJN y el Estatuto planteaba modernizarla en las instancias prestacionales, de atención y de afiliación pero el Dr. Tonon imposibilitaba avanzar con medidas de gestión».

En el último encuentro de la comisión, realizado hace dos semanas, había expuesto el exdirector de la Ospjn Aldo Tonon, quien había sido desplazado de su cargo meses atrás.

En su declaración, Tonon evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social, amparado «en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse», debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados, según argumentó.

La comisión lo había citado en tres oportunidades para exponer sobre las denuncias de irregularidades en esa obra social, pero el exfuncionario recién asistió tras ser notificado por el juez Ariel Lijo de que debía comparecer en ese cuerpo.

Además, la comisión deberá resolver este martes si acepta o no la ampliación del juicio político impulsado por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas «con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local».

De acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de la comisión, se deberán evaluar las pruebas para determinar si se declara admisible ese pedido.

La ampliación del juicio político a los integrantes del máximo tribunal había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte que suspendió las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán por la presunta imposibilidad de los actuales mandatarios para buscar su reelección.