En la primera sesión extraordinaria, los diputados abrieron el debate luego de sancionar el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública, para que los acuerdos internacionales con organismos financieros internacionales se traten en el Congreso Nacional.

El plenario legislativo aprobó la iniciativa del ARA San Juan por 233 votos en general pero en particular hubo disidencias de una decena de diputados en algunos artículos relacionados con la posibilidad de continuar reclamos por otras vías.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Defensa, el radical Carlos Fernández, afirmó que «lo que estamos haciendo es un reconocimiento a sus familiares por parte de toda la patria. Esta ley plantea un hecho voluntario al cual el familiar puede adherir o continuar su búsqueda de resarcimiento por otra vía».

Agregó que el proyecto del Gobierno nacional «se suma como un acto de reconocimiento a los múltiples actos de reconocimiento ya realizados para los 44 tripulantes. La pérdida total de la tripulación del submarino fue un hecho doloroso que conmovió a toda la sociedad argentina».

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Germán Martínez (Frente de Todos), dijo que «esta es una propuesta, es un derecho y no una obligación. Acogerse será un acto voluntario por parte de las familias del ARA San Juan».

«Hoy venimos a promover un proyecto como gesto de acompañamiento a los familiares de la tripulación del ARA San Juan», amplió

Martínez explicó que la reparación es similar a la que el Estado otorgó a los familiares de las víctimas del Amia y la voladura de la fábrica militar de Río Tercero y destacó la tarea realizada por la Comisión Investigadora del Congreso.

La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, «tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar», que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Publico SINEP), multiplicado por 100.

El proyecto señala que el cobro del beneficio «importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto».

Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento «es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias».

En el debate también expuso la diputada del Pro María Luján Rey (madre de un joven que murió en la tragedia ferroviaria de Once), quien expresó su respaldo al afirmar que «celebro doblemente este proyecto: lo hago como familiar de víctima y como diputada».

Dijo que «lamentablemente hace nueve años me convertí en la mamá de una de las víctimas de una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia reciente» y pidió que se apruebe una norma similar por la tragedia de Once, ya que hay familias que «en muchos casos perdieron a quienes eran sostén del hogar».

Por su parte, el diputado de Juntos por Rio Negro Luis Di Giácomo afirmó que «el ARA San Juan y su tripulación estaban controlando la pesca ilegal, los daños que se le realizan a nuestro patrimonio y soberanía. Quien muere en un acto de servicio requiere una atención particular».(Télam)