Un informe dado a conocer por el gobierno bonaerense determina que «en los últimos años se autorizaron aumentos injustificados de las tarifas que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas».

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires detectó aumentos injustificados y falta de inversión por parte de las empresas distribuidoras de energía en la última Revisión Tarifaría Integral (RTI), se informó hoy oficialmente.

La Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizó el análisis de la última RTI, y del cumplimiento de las inversiones comprometidas por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires.

«El informe es concluyente: el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio», se aseveró.

Se precisó que «el resultado de ese informe demostró que en los últimos años se autorizaron aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas».

El informe evidencia que durante el período 2016-2019, las empresas distribuidoras «aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años».

«Sin embargo, este fuerte incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones», se detalló en el comunicado.

En concreto, a pesar de que el monto reconocido de inversión incluido en las tarifas fue de $12.092 millones, no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las mismas.

De hecho, de acuerdo con el Ministerio, en los informes aprobados en ese período sobre el nivel de inversiones, «se identificaron errores metodológicos que modificaron los resultados».

«Esa falta de inversión quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentó durante los últimos cuatro años numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico», se apuntó.

Además, se planteó que «el fuerte aumento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red, tuvo como resultado un crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras eléctricas».

«El extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, tuvo su correlato en el crecimiento de los resultados: las cuatro empresas distribuidoras aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%», se añadió.

Se apuntó que «los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares».

De acuerdo con Infraestructura, la falta de control fue otro rasgo distintivo que se analiza en el informe.

«A partir del abandono durante los últimos cuatro años que sufrió el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), no existió por parte del Estado la implementación de los controles establecidos por la normativa vigente», se planteó, y se detalló que «sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales».

Tampoco se implementó por parte de la autoridad de aplicación la contabilidad regulatoria, herramienta fundamental de control sobre la gestión de las empresas.

«Si a eso se suma un Estado que abandonó su función de control y seguimiento sobre la ejecución y la inversión de obras, el resultado fue una ganancia millonaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y un claro perjuicio para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires», finaliza el trabajo.

Por su parte, en un comunicado el grupo DESA reconoció hoy que “en promedio todas las empresas estuvieron casi un 40% por debajo del comprometido”, y afirmaron que ello se debió al “atraso en los ajustes sumado la imposibilidad de financiar las mismas en un mercado que no era el que se pensó al inicio de la RTI”.

Argumentan que “las menores inversiones se compensan contra los mayores costos que debió enfrentar la concesión producto de los desfasajes en los cuadros tarifarios”.

Al referirse a las tarifas, explicaron que “entre diciembre 2019 y diciembre 2015 el valor agregado de distribución promedio en una factura de un usuario residencial de 250 kWhmes se incrementó en un 525% mientras que el costo de la energía para reducir los subsidios en el mismo plazo se incrementó en un 2.500%”.

Añadieron que “el desfasaje temporal entre el pago de la energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico y la recuperación de esos costos por el cobro de las facturas de los usuarios, con las medidas cautelares afectó el capital de trabajo de las empresas y afectó los planes de inversiones”.

Sostuvieron que en el período analizado hubo una “mejora sustancial en los índices de frecuencia y duración de las interrupciones de servicio”, y se manifestaron optimistas “en que se arribará a un acuerdo de entendimiento, con el lanzamiento de un plan de trabajo conjunto que implique el sostenimiento del servicio, aportando previsibilidad y estabilidad regulatoria, en miras al desarrollo económico y social de las áreas de concesión”.