El proyecto contempla varias medidas para agilizar los procesos de desalojo, como la implementación de un procedimiento sumarísimo, la habilitación de la restitución anticipada del inmueble en casos de verosimilitud del derecho, el fortalecimiento de herramientas para desalojar ocupaciones ilegales, la simplificación de notificaciones y diligencias judiciales, y la incorporación de un procedimiento especial para casos de falta de pago y vencimiento de contrato. Además, se mantendrá la protección de menores, personas con discapacidad y adultos mayores durante el proceso judicial.

Respecto al procedimiento sumarísimo, se establece que todas las acciones de desalojo se realizarán a través de un juicio sumarísimo con plazos más breves que los del procedimiento tradicional. Esto permitiría que el proceso de desalojo pueda demorar alrededor de dos meses o menos. En casos de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, el propietario podrá solicitar la desocupación inmediata del inmueble bajo caución juratoria, siguiendo los plazos y condiciones acordados entre las partes. En caso de que se demuestre que el propietario ocultó información o documentos sobre la relación de alquiler o pagos realizados, podría recibir una multa de hasta 10 veces el último alquiler mensual a favor del inquilino.

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