La desafectación de los efectivos se resolvió en el marco de un informe de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía que lleva la firma de la responsable del área, Lorena Rebuffo, un procedimiento administrativo que se inició hace varios meses y cuyos primeros resultados se conocieron ahora.

La auditoría incluye como primer paso la salida automática del servicio del agente sancionado, mientras continúa la evaluación de su conducta, una mecánica que puede terminar en la baja definitiva.

«Los policías desafectados deberán declarar en la sede de Asuntos Internos y enfrentan la posibilidad de ser dados de baja», explicó a Télam una fuente de la cartera de Seguridad bonaerense, que además precisó que el cese en la prestación de servicios de los 400 uniformados incluye la devolución de la pistola Bersa 9 milímetros reglamentaria y el cobro de la mitad del salario por seis meses, plazo en el que se definirá la situación particular de cada efectivo.

En el Ministerio que encabeza Sergio Berni aseguran que los policías que están siendo investigados por participar de las protestas de septiembre son alrededor de 1800, 400 de los cuales fueron desafectados este martes, mientras que la auditoría de Asuntos Internos continúa con la revisión de las acciones de los otros 1400.

Desde la cartera de Seguridad advierten que las acciones de los uniformados, que tenían como principal demanda una actualización salarial, constituyeron «gravísimas faltas administrativas» ya que utilizaron los vehículos oficiales de la institución y además participaron de las manifestaciones en horario de servicio.

Las protestas de los agentes de la Policía Bonaerense se extendieron durante dos jornadas y tuvieron su foco inicial en el Centro de Coordinación Estratégica de la fuerza, donde tiene una base la cartera de Seguridad, ubicado en Puente 12, sobre la autopista Ricchieri, en La Matanza, aunque en la noche del primer día también se produjeron manifestaciones frente a la residencia del gobernador Axel Kicillof, en La Plata.

(FW)El episodio de mayor tensión y gravedad institucional ocurrió en el segundo día, el 9 de septiembre, cuando policías uniformados equipados con los patrulleros de la institución rodearon la residencia presidencial de Olivos durante varias horas.

La situación empezó a descomprimirse en horas de la tarde, luego de que dos funcionarios de la Presidencia salieron a la avenida Libertador para tomar contacto con los uniformados que estaban allí.(FW)

En relación a aquel episodio, la auditoría de Asuntos Internos estableció que los efectivos que participaron cometieron faltas administrativas por, sobre todo, aunque no exclusivamente, movilizar móviles de la fuerza hasta la quinta de Olivos.

En paralelo a la auditoría interna, la Justicia Federal de San Isidro abrió una investigación, tres semanas después de las protestas para determinar si con la manifestación en Olivos se había afectado la seguridad presidencial o el «normal desenvolvimiento» de la actividad oficial.

También inició una causa, de oficio, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.

Consultado por el anuncio de la desafectación de los 400 efectivos, el ministro Sergio Berni ratificó este martes la decisión y aseguró que los policías suspendidos «no cumplieron con su función» y «no cumplieron con la ley».

Por otro lado, Berni se refirió a las versiones que circularon en redes sociales sobre la posibilidad que este jueves 11 de febrero se produzcan nuevas manifestaciones de efectivos de la Policía bonaerense.

«La protesta (convocada para el jueves) tiene que ver con esto. Sabían que a partir del levantamiento de la feria judicial se iban a activar los sumarios«, respondió Berni en declaraciones a Radio Mitre.

«Habíamos dichos que quienes no cumplían con su deber iban a ser sancionados. Hemos cumplido con lo que dijimos que íbamos a hacer», subrayó el ministro bonaerense, quien además señaló que la propuesta de permitir la agremiación o sindicalización policial –que en la Argentina está vedada según varios pronunciamientos del Ministerio de Trabajo- «es una herramienta fundamental en una policía que funciona, pero en una policía que tiene los problemas de la Bonaerense, con índices de corrupción, está en dudas».

«No sé si las condiciones están para que funcione», completó Berni en referencia al debate sobre la sindicalización policial.

Uno de los planteos históricos de los policías de la provincia de Buenos Aires es la equiparación salarial con otras fuerzas de seguridad, sobre todo con PFA, demanda que puede reactualizarse con un reciente aumento del 25% anunciado por la Nación para las cuatro fuerzas federales.(Télam)