Los jóvenes con discapacidad que cumplen 22 años son expulsados de las escuelas especiales en la Ciudad de Buenos Aires y enviados a centros de formación profesional con público general donde no hay referentes capacitados para atender sus necesidades y las autoridades les «sugieren» a los padres acompañarlos una o dos veces por semana -cuando se dictan- frente a la ausencia de la continuidad pedagógica y de la contención social que necesitan.

Así lo denuncian familias, gremios e integrantes de la Comisión de Discapacidad de la Legislatura porteña desde el 2021, cuando el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dispuso que las escuelas especiales no funcionaran más hasta los 30 años, como venían haciendo, sino hasta los 22.

Desde la Comisión de Discapacidad de la Legislatura porteña, el legislador Juan Valdés explicó a Télam que «el recorte en educación sigue vulnerando cada vez más los derechos de los jóvenes con discapacidad».

«Desde el 2021 estamos solicitando a la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, que venga al recinto a dar explicaciones e implemente lugares y especialistas acordes a estas necesidades», contó.

A los jóvenes expulsados de la escuela especial -o de formación integral tal como se denomina en esa instancia educativa- en el año 2021 se suman así los de los años 2022 y 2023, «generándoles un daño terrible».

«El daño pasa porque para ellos la continuidad educativa no solo es una cuestión pedagógica sino también de integración social acorde a sus necesidades ya que no existen otros espacios que el Estado disponga con el mismo fin», dijo a esta agencia Eliana Villar, mamá de Ignacio, quien judicializó el tema junto a otras familias y aún no tiene una respuesta.

En ese sentido, contó: «Me dicen que para eso están los centros de formación donde se enseñan oficios a personas que no tienen discapacidad y llegan hasta 80 años».

«¿Qué puede hacer mi hijo ahí si no le adaptan las consignas? La inclusión social es una falacia de la que se agarran las autoridades porteñas para echarlos del sistema. ¿Qué padre o madre no desea que su hijo se integre?».

Sin embargo, remarcó que «eso no se hace a la fuerza y sin tener en cuenta las posibilidades reales de cada uno».

También, explicó que «los padres y madres que desde el jardín hicimos el camino de pasar primero por la enseñanza común y debimos abandonarla y luego intentamos la integración con maestros de apoyo, y también tuvimos que abandonarla y nuestros hijos que ya encontraron su espacio en la escuela especial, ya sabemos que eso es lo que necesitan».

«Además tenemos todas las certificaciones médicas que así lo indican», añadió y se preguntó en este punto, «por qué les sacan lo que necesitan a nuestros hijos cuando es tan claro que no hay otro camino, y es el Estado el que debe asegurarlo».

En tanto, pese a los continuos reclamos desde la órbita de la Legislatura, en los tres años que han trascurrido desde la disposición del Gobierno porteño -en plena pandemia- Valdés añadió que la exclusión de los jóvenes «es un nuevo acto de insensibilidad» por parte de la gestión del distrito.

«Por eso insistimos tanto en que Acuña diseñe un plan de contingencia», aseveró Eliana Villar en diálogo con Télam.

«Nosotros hemos presentado proyectos de ley pidiendo que se retrotraiga esta medida hasta que se pueda inaugurar la cantidad suficiente de centros de inclusión laboral para los chicos y chicas de la educación especial pero no estamos obteniendo ningún tipo de respuesta de este gobierno que dice que busca dialogar pero deja a los más vulnerables en el desamparo», planteó.

En el mismo sentido se pronunciaron desde el sector gremial.

Recorte en el presupuesto educativo

Jorge Godoy, secretario de Educación Especial de UTE-Ctera, dijo a Télam que los talleres a los que el Gobierno porteño envía a los jóvenes con discapacidad «no tienen acreditación, no generan nexo entre el mundo del trabajo y la persona, y son insuficientes».

A esto se suma que se «corta la continuidad educativa ya que, de cinco días a la semana que asistían a la escuela especial, los cursos se dictan una o dos veces por semana».

«Pese a que la ley nacional de educación establece que los que llegan a ese segmento etario y tienen esas características deben formar parte de talleres de formación laboral, la Ciudad de Buenos Aires no arbitra los medios para que eso suceda -algo que deberían hacer también en virtud de lo que figura en la ley- y se limita a enviarlos a centros de día privados sin la estructura pedagógica que necesitan», añadió.

«Por este motivo existen innumerables presentaciones ante la justicia mientras los jóvenes siguen a la espera de poder volver a sociabilizarse en los lugares que establece la ley», indicó Godoy.

A esto sumó que la problemática comenzó «hace ya tres años cuando, en plena pandemia, las familias comenzaron a recibir llamados informando que tenían que sacar a sus hijos de las escuelas».

«Es gravísimo que de manera intempestiva les informen a las familias que desde el año próximo sus hijos no van a poder asistir más a las escuelas de educación especial en lo que se llama formación permanente de adultos y que esta formación que hasta el 2021 era de hasta cinco días a la semana, en muchos casos con comedor, con transporte, deja de existir», sostuvo.

En ese marco, indicó que, con esa medida, «se arrojó a estos jóvenes al vacío absoluto porque, además, si bien muchas de estas familias tiene obra social y pueden tal vez en lo privado buscar alguna solución, muchos no poseen cobertura y es ahí donde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires se desentiende».

El dirigente gremial también contó que entre los argumentos que esgrimen las autoridades porteñas figuran la «falta de vacantes para niños y niñas más chicas».

«Si bien esto es real, no se puede ajustar tampoco por otro sector como es la discapacidad, que es el sector más vulnerable», añadió.

«Esto también lo que marca es lo que venimos denunciando hace 17 años en la Ciudad de Buenos Aires, que es la reducción presupuestaria en el área educativa», finalizó Godoy tras coincidir en que «el recorte presupuestario en educación sigue vulnerando los derechos de los jóvenes con discapacidad».