La estrategia legal de Cristina Kirchner y su equipo se enfoca en presentar una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que durante el proceso judicial de la causa Vialidad se vulneraron garantías fundamentales y derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para respaldar su posición, han incorporado al abogado brasileño Rafael Valim, especialista en litigios internacionales y con experiencia en el caso Lava Jato de Brasil. Además, cuentan con el apoyo del exjuez español Javier Borrego, con experiencia en el sistema europeo de derechos humanos. La estrategia se basa en el antecedente del caso Lula en Brasil, donde el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el proceso contra el expresidente brasileño había vulnerado garantías del debido proceso.

La presentación ante la ONU no tiene el poder de anular sentencias judiciales nacionales, pero sí constituye un pronunciamiento de peso a nivel internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados en materia de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas deberá realizar un examen de admisibilidad para determinar si la presentación cumple con los requisitos necesarios para avanzar, y en caso afirmativo, podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.

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