La decisión del gobierno porteño de desconocer el fallo de la Justicia federal que suspende la presencialidad desató una ola de denuncias: al menos cuatro ya habían sido sorteadas a media mañana en diferentes juzgados.

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado este miércoles por distintos delitos luego de que resolviera no acatar el fallo que le ordenó suspender las clases presenciales ante la segunda ola de coronavirus, mientras desde distintos sectores cuestionaron la postura del Ejecutivo porteño.

El martes, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari declaró la incompetencia de la Justicia porteña en el expediente abierto por el tema de las clases presenciales.

Así, envió la causa a la Corte Suprema, lo cual dejó sin efecto la medida cautelar planteada por padres y madres de alumnos contra el DNU del Gobierno nacional y a favor de la presencialidad en las aulas, que había sido avalada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña.

Hasta este mediodía, al menos cuatro eran las denuncias penales que habían sido sorteadas en diferentes juzgados mientras que la abogada Valeria Carreras amplió su acusación en otra demanda iniciada esta semana en el juzgado federal de María Servini, informaron a Télam fuentes judiciales.

Carreras pidió al Juzgado Federal 1 que investigue al jefe de Gobierno por «resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia».

Por otro lado, las dos primeras denuncias del día por los delitos de «violación de medidas contra la propagación de una epidemia, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad» quedaron radicadas en el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini.

Los jueces a cargo de las diferentes denuncias tendrán que resolver ahora si quedan unificadas en un sólo juzgado.

Una de ellas la presentaron los abogados Juan Leotta y Darío Liurgo, quienes sostuvieron que el jefe de Gobierno «ha decidido oponerse destructivamente y generarle el mayor caos político posible al Gobierno Nacional para conformar a un segmento de la sociedad que exige a gritos presencialidad escolar a como dé lugar (aún en el peor momento sanitario de la historia)», según el texto al que tuvo acceso Télam.

Otra de las denuncias que resultó sorteada en el juzgado de Ercolini la presentó el abogado Daniel Valmaggia por «instigación a cometer delito, abuso de autoridad» y violación del artículo 205 que castiga a quien no respete medidas para contener una epidemia.

Otra denuncia presentada en el transcurso de la mañana fue la de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

El secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA, Daniel Catalano, denunció a Rodríguez Larreta por «propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, envenenamiento culposo de medicinas, violación de medidas, resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes».

Esta denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Por su parte, el abogado Adrián Albor denunció a Rodríguez Larreta por «asonada» en una presentación que quedó sorteada en el juzgado federal de María Servini.

Los jueces a cargo de las diferentes denuncias tendrán que resolver ahora si quedan unificadas en un sólo juzgado.

En el plano político, la postura del Ejecutivo porteño fue cuestionada este miércoles por el Bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña, que a través de un comunicado expresó que “el Jefe de Gobierno promueve la desobediencia y pone en riesgo a los porteños y porteñas”.

«Este gravísimo hecho implica institucionalizar la desobediencia civil que Juntos por el Cambio viene promoviendo hace tiempo, con las consiguientes consecuencias para la salud y la vida de los habitantes de nuestra Ciudad”, indicaron.

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el jefe de Gobierno porteño «está incurriendo en un delito de desobediencia» y opinó que el fallo del juez Furnari «es una decisión que (el Gobierno porteño) debe acatar, así como acató la decisión de la justicia local, ahora debe acatar la decisión de la justicia federal».

Sobre el conflicto también se expresó la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, quien consideró que «no se puede privilegiar un fallo de un juez incompetente por sobre un fallo de un juez competente» y recordó que «no obedecer la decisión judicial tiene consecuencias jurídicas previstas en el Código Penal”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, indicó que es “increíble que no comprendan lo que está pasando en el mundo, y la región, que está desbordada, con los países del primer mundo entrando en la tercera ola”.

Agregó que “quieren seguir forzando un sistema que no da para más» y planteó que «hay que recorrer cualquier hospital para ver qué está pasando con las guardias y el colapso de las camas”.

Mientras tanto, los gremios docentes UTE y Ademys continúan este miércoles con el paro de actividades en la ciudad de Buenos Aires para rechazar la decisión del Gobierno porteño de retomar la presencialidad.

La secretaria general de la Confederación de los Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, aseguró que «lo que hace» Horacio Rodríguez Larreta, «no tiene justificación y pone a las familias en una situación de zozobra» porque «tienen miedo de llevar a los chicos a la escuela».

«Es una barbaridad; parece que la escuela fuera rehén de un debate político cuando, en realidad, lo que tenemos que pensar es si pedagógicamente se puede sostener una presencialidad cuidada en un contexto en el que hay gente que tiene miedo de perder la vida», agregó.

Desde el lado porteño, el procurador general de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Astarloa, afirmó que la decisión de juez Furnari «no es un acto jurisdiccional válido» y por eso «las escuelas se van a mantener abiertas» hasta que falle el máximo tribunal.

«El fallo se pronuncia en exceso de las jurisdicciones. No se respetan las normas procesales. Implica un abuso de autoridad y no es un acto jurisdiccional válido», dijo Astarloa en declaraciones a Todo Noticias (TN).