Especulación inmobiliariaCostanera Sur: masivo rechazo a las torres de lujo por su impacto ambiental
23 octubre, 2021
Los 286 oradores que participaron en la primera semana de audiencia pública por el futuro de la ex Ciudad Deportiva de Boca rechazaron el convenio urbanístico entre el grupo IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras una semana de audiencia pública por el futuro de la ex Ciudad Deportiva de Boca, los 286 oradores que participaron en esa instancia rechazaron el convenio urbanístico entre el grupo IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para habilitar en el predio de 71 hectáreas la construcción de un nuevo barrio con edificios de hasta 45.
El dato se desprende de un relevamiento realizado por la campaña «Costanera Verde Pública», que reúne a organizaciones ambientales y políticas como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, La Defensoría de Laburantes y la CTA-Autónoma, entre otros.
La audiencia pública tendrá al menos nueve jornadas más, ya que en total se inscribieron 2.593 personas y organizaciones, y si bien no es vinculante, puede influir en el debate legislativo, ya que el convenio entre IRSA y la administración de Horacio Rodríguez Larreta obtuvo media sanción, pero espera una segunda y definitiva aprobación.
Esta semana, los principales argumentos que los vecinos y referentes expusieron para rechazar el emprendimiento inmobiliario fueron su «impacto ambiental negativo» y su contribución a «profundizar la crisis habitacional» en la ciudad.
De acuerdo al proyecto de IRSA, el barrio «Costa Urbana» tendrá unas 6.000 viviendas, además de comercios y hoteles, y ocupará 24 hectáreas del predio ubicado a orillas del Río de la Plata y lindero con la Reserva Ecológica Costanera Sur.
A lo largo de las cinco jornadas de audiencia de esta semana, los argumentos ambientales se refirieron sobre todo a las funciones ecológicas de los humedales, ya que en ese ecosistema se encuentran tanto la ex Ciudad Deportiva como la Reserva Ecológica.
«Los humedales, en su estado natural, cumplen funciones de vital importancia para el medio ambiente y la salud, y que son imposibles o costosas de reemplazar», dijo Graciela Falivene, investigadora y docente de la Universidad de Concepción del Uruguay.
Felivene, quien intervino en la audiencia el miércoles pasado, mencionó algunas de las funciones de los humedales, como «proteger la calidad del agua, por filtrar metales pesados y otros contaminantes», ser «fuente de alimento, refugio y hábitat esencial para peces, aves migratorias y especies en peligro de extinción» y «proporcionar un medio natural de control de inundación».
Otra oradora, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, apuntó que los humedales «permiten el ingreso de los vientos y las brisas desde la costa para mitigar el efecto de isla de calor urbana».
Además, ambas especialistas advirtieron que el barrio de IRSA afectará a la Reserva Ecológica, un humedal protegido por normas internacionales, ya que es uno de los sitios de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental establecido por la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para preservar estos ecosistemas.
Según datos del Gobierno porteño, la reserva Costanera Sur «reúne la mayor cantidad de biodiversidad dentro de la Ciudad de Buenos Aires y se extiende a lo largo de 350 hectáreas».
Tanto la ex Ciudad Deportiva como la Reserva Ecológica son tierras ganadas al río mediante un relleno que se realizó a lo largo de varios años, principalmente durante la última dictadura, con escombros de la ciudad provenientes de la construcción de autopistas. Sobre esos escombros abandonados, prosperó la naturaleza de la Cuenca del Plata.
El otro eje fue el déficit habitacional que atraviesa la ciudad, donde, según coinciden varios relevamientos, el 40 por ciento de la población es inquilina, unas 300.000 personas viven en villas miseria y al menos otras 7.000 están en situación de calle.
«Este gran negociado que se quiere concretar está absolutamente alejado de las necesidades de los porteños y las porteñas. La ciudad no solo carece de vivienda accesible a los sectores con mayor vulnerabilidad, sino también, por ejemplo, a los docentes y profesionales de la salud», dijo María Elena Naddeo, quien fue legisladora porteña y actualmente coordina el área de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo porteña, e intervino el viernes.
Ese día intervino también Federico Pellegrino, de la organización Eco House, quien afirmó: «Necesitamos más espacios verdes, pero la única respuesta de la Legislatura es la venta de Costanera Norte y la rezonificación de la Costanera Sur, para hacer torres de lujo con yates privados que tengas salida al mar, lo que nada tiene que ver con la preocupación de la gente común que habita la ciudad».
Pellegrino se refirió, por un lado, a una ley que aprobó la Legislatura porteña a fines de 2019, con votos del oficialismo local, para autorizar la venta de Costa Salguero, la cual se encuentra suspendida por la justicia de la Ciudad.
Por otro lado, se refirió a la rezonificación de la ex Ciudad Deportiva, lo que se discute en esta audiencia convocada por la Legislatura porteña y que busca modificar las normas urbanísticas del predio, habilitado solo para equipamiento deportivo.
En su página web, IRSA, en su sección de «reserva de tierras», ya publicó «Costa Urbana», como un emprendimiento ubicado en «Puerto Madero Sur» con un «área construible de 716,695 metros cuadrados», es decir 71 hectáreas.
Allí, la empresa define al nuevo barrio como un «proyecto de perfil residencial y de usos mixtos que incluye, entre otros: tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates, grandes parques públicos, áreas de servicio de apoyo como escuelas, supermercados y estacionamientos».
Y agrega que, «este nuevo vecindario emergente tendrá como objetivo aumentar el nivel general del área», y, al mismo tiempo, «completará el desarrollo urbano de Puerto Madero».
Al respecto, Guadalupe Granero, urbanista investigadora de la UBA y residente en Saavedra, definió el proyecto como parte de un «modelo privatista y excluyente» y argumentó que «el precio de la vivienda está determinado por el precio del suelo, ya que el costo de construir no es significativo», y agregó que «al construir viviendas de lujo que en su mayor parte quedarán ociosas, se eleva artificialmente el precio del suelo, lo que impacta en toda la ciudad».
