El Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín les impuso penas de entre perpetua y cuatro años de prisión a los 19 acusados. La lectura del veredicto había comenzado con el repaso de los nombres de todas las víctimas.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín emitió diez condenas a prisión perpetua y otras nueve de entre 4 y 22 años de cárcel para 19 exmiembros de Fuerzas Armadas y de seguridad acusados en la megacausa «Campo de Mayo» por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, integrantes del TOF, consideraron que los hechos juzgados «son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y en consecuencia son imprescriptibles», al leer el veredicto del proceso oral y público sobre los exintegrantes del Ejército, la Armada, la Gendarmería y la Policía Bonaerense.

Diez de los 19 imputados fueron sentenciados a cadena perpetua y los otros 9 tuvieron condenas de entre cuatro y 22 años de prisión, por lo cual no hubo ninguna absolución.

Entre los que recibieron la pena máxima se encuentra Santiago Omar Riveros, ya condenado en otras causas, quien era jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo y jefe de la Zona de Defensa IV durante la dictadura.

Los otros condenados a perpetua son Luis Sadi Pepa, exdirector de la Escuela de Comunicaciones, Área 420, dependiente del Comando de Institutos Militares; Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos.

Entre los delitos por los que fueron juzgados figuran la privación ilegal de la libertad, la imposición de tormentos a las víctimas por ser perseguidos políticos, homicidios cometidos con alevosía y en algunos casos también violaciones con la participación de dos o más personas.

En tanto, Hugo Miguel Castagno Monge fue sentenciado a 22 años de prisión, Carlos Alberto Rojas a 13 años, Alfredo Oscar Arena a 12 años, Roberto Julio Fusco a 11 años y 6 meses, Arnaldo Jorge Román a nueve años y 6 meses y Carlos Daniel Caimi a cuatro años.

Diez de los 19 imputados fueron sentenciados a cadena perpetua y los otros 9 tuvieron condenas de entre cuatro y 22 años de prisión

Los magistrados dieron a conocer las sentencias en la Sala de Audiencias de la sede del TOF1 de San Martín desde las 14.20, mientras en las afueras se concentraron familiares de víctimas y dirigentes y militantes de organismos de derechos humanos.

En la causa se juzgaron delitos sobre 347 víctimas y el juicio insumió 126 audiencias.

La megacausa «Campo de Mayo» es emblemática por la envergadura del centro clandestino de detención que funcionó allí y la cantidad de prisioneros que pasaron por el lugar.

En el predio, de más de cuatro mil hectáreas, hubo presos políticos en diversos sitios, como «El Campito» o «Los Tordos», «Las Casitas» o «La Casita», el Hospital Militar con su maternidad clandestina y la prisión de Encausados.

En el alegato, la fiscal Gabriela Sosti estimó que pasaron por Campo de Mayo más de 6.000 personas y que hubo un nivel de sobrevivencia menor al uno por ciento.

En su alegato Sosti dijo que la causa «permitió poner el foco en ese territorio (Campo de Mayo) y entender el funcionamiento de forma más ampliada del sistema represivo implementado allí, y no tan recortada, como pudo haber sucedido en causas anteriores».

Añadió que los delitos se cometieron por parte de los acusados «con cada uno de ellos en particular, a cargo de diferentes funciones, contribuyendo al crimen común».

Dijo que «en estos juicios se observan distintas jerarquías (en lo delictual) que pasan por todos los actores, desde los que estaban adentro del Campito hasta los que estaban en otros estamentos».

El secretario de Derechos Humanos de la Nación e hijo de desaparecidos, Horacio Pietragalla Corti, se hizo presente en la primera fila de la sala durante la lectura del fallo, ya que su cartera fue parte querellante.

En diálogo con Télam, evaluó que se trató de un «juicio histórico» y consideró que la sentencia «repara a un montón de familias que vienen luchando para que esos procesos se lleven adelante».

«Estamos contentos de poder escuchar de vuelta fallos históricos», agregó sobre el clima que primó en la jornada y remarcó «la emoción y alegría» que sintieron los familiares de víctimas al escuchar las condenas: «Ese es el rol que tiene el Estado, la reparación», subrayó.

Sin embargo, adelantó que «se van a apelar las condenas que fueron muy bajas» y cuestionó la duración de tres años que tuvo el juicio, al exigir «que sean más cortos en el tiempo».

La legisladora porteña por el Frente de Todos (FdT) y también hija de desaparecidos, Victoria Montenegro, estuvo presente y señaló a Télam que «es importante seguir adelante con los juicios».

«Son fechas que siempre movilizan. La justicia repara y hay que seguir trabajando por defenderla», agregó.

Por su parte, la fiscal de la causa Gabriela Sosti destacó que el «balance» del juicio es que «hay 19 condenas».

«Es la causa más grande de la jurisdicción. Junta 14 causas previas», dijo, y resaltó la importancia de la sentencia que repara «la situación de trabajadores y militantes», víctimas de estos crímenes.

«El 67% de los compañeros fueron trabajadores de la zona Norte. Eran militantes sindicales y políticos, trabajadores de las grandes empresas», añadió.

Al mediodía, militantes con banderas de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia San Martín, de Sobrevivientes, familiares y compañerxs de Campo de Mayo, de la CTA Autónoma, del Centro Cultural Macacha Güemes, Trabajadores y Delegados de los Años 70 y la Agrupación El Eternauta se congregaron en las inmediaciones de TOF de San Martín aguardando por la lectura del veredicto.

Poco después de las 14 se abrieron las puertas de la sala de audiencias, que se encontraba colmada por fiscales, abogados, familiares y periodistas que escucharon las condenas en atento silencio, ante el pedido expreso del tribunal.

Mientras, otro grupo de personas aguardaba afuera, sobre la calle Pueyrredón, donde la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo colocó pantallas y parlantes para seguir la lectura de los magistrados.

Durante las dos horas que duró la lectura todas las condenas a cadena perpetua fueron celebradas con manos alzadas y abrazos entre los presentes, mientras que con las condenas más bajas aparecieron murmullos, pero sin llegar a romper el silencio solicitado.

Al finalizar la lectura, la consigna «¡30 mil desaparecidos presentes, ahora y siempre!» rompió la quietud y dejó aflorar la emoción junto a los abrazos y llantos de familiares, allegados y víctimas sobrevivientes que siguieron el debate desde la calle.