El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso el arresto domiciliario de Lázaro Báez, imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El TOF 4 dispuso «hacer efectiva la morigeración de las condiciones de detención de Lázaro Báez», al acatar una resolución en ese sentido de la Cámara Federal de Casación Penal emitida horas antes, pero ante la imposibilidad de entrar a su casa el empresario fue remitido nuevamente al Penal de Ezeiza para que pernocte allí.

Báez salió al atardecer de la cárcel de Ezeiza, donde estaba detenido desde abril de 2016, para ir a un domicilio fijado en un country de la ciudad bonaerense de Pilar, con monitoreo del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

«No existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado instructor, aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada en los autos N° 9630/2016/To2 del registro de este Tribual en oportunidad de conceder su excarcelación», sostuvieron los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado en el fallo.

Después de la notificación de la resolución, Báez fue llevado en una camioneta del SPF, con una moderada custodia, al country Ayres de Pilar, en cuya entrada estaba apostado un grupo de vecinos para impedir que ingresara el empresario santacruceño, quien iba vestido con el uniforme color naranja de los detenidos y con un casco de protección.

Los habitantes del country impidieron varios intentos de ingreso, incluso cuando la camioneta pudo llegar a la garita de entrada. En una caótica situación, los manifestantes, anteponiendo sus cuerpos y con sentadas, lograron su cometido, después de corridas que incluyeron golpes contra el vehículo, que sufrió la rotura del parabrisas.