El director del Banco Nación, Claudio Lozano, afirmó que “lo que se está discutiendo en Vicentin es no coronar la estrategia del Estado bobo, que significa haber puesto recursos y encima financiar que la empresa quede en manos extranjeras, concentrando aún más el comercio exterior”. “Acá hay un fraude monumental que está vinculado a las relaciones de Vicentin con sus subsidiarias en Paraguay, en Uruguay, con las empresas offshore en las distintas guaridas fiscales, por ejemplo en Panamá“, explicó Lozano.

Por su parte, el diputado nacional por Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, aseguró que «no hay ninguna urgencia con la cuestión de Vicentin», aunque reconoció que «hay que resolverla, porque en el país hay 2.368 acreedores, la enorme mayoría de los cuales son pequeños productores chacareros que entregaron sus granos, y si Vicentin y los accionistas no les pagan se van a fundir». A su vez afirmó que «el Estado tiene que evitar la extranjerización», aunque consideró que «no necesita expropiación para evitarlo, puede tener una acción de oro».

A su vez, los trabajadores del gremio de aceiteros respaldaron la intervención y expropiación de la agroexportadora Vicentin, que fue anunciada la semana pasada por Alberto Fernández, y cuestionaron el rechazo de sectores de la oposición que “salen a apoyar a la patronal”. En un comunicado, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de General Obligado y San Javier, de Santa Fe, confiaron en que la medida “ponga fin al período de incertidumbre que viven los trabajadores del Complejo Industrial Vicentin, de Avellaneda”.