Así lo planteó a Télam el investigador del Instituto de Economía Aplicada y Sociedad, Juan Yannuzzi, en relación a la asignación de fondos dentro del régimen establecido en 1988, cuando el distrito aún no contaba con autonomía.

Casi seis de cada diez empleados públicos nacionales realizan sus tareas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que deja en evidencia un desequilibrio regional en la asignación de recursos que debe ser tenido en cuenta en las discusiones sobre una futura modificación del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Así lo planteó a Télam el investigador del Instituto de Economía Aplicada y Sociedad (Ideas), Juan Yannuzzi, en medio del conflicto entre CABA y la Nación, que se dirime en la Corte Suprema de Justicia, referido a la asignación de fondos dentro del régimen establecido en 1988, cuando el distrito aún no contaba con autonomía.

«En las discusiones sobre cuánto debe corresponderle a la ciudad por coparticipación no se tiene en cuenta que las transferencias tienen muchas dimensiones y no todas son directas y tangibles», explicó, en alusión a los argumentos a favor y en contra de fijar una alícuota de 1,40% para el distrito, dos veces y media menos que el 3,50% vigente hasta septiembre de 2020.

Al respecto, desde el gobierno porteño se adujo que CABA cuenta con cerca del 6,5% de la población total de la Argentina y su economía representa aproximadamente el 20% del PBI, por lo que la alícuota asignada estaría notoriamente subvalorada.

En ese aspecto, «es donde la defensa de la Ciudad tambalea dado que no hace una limpieza respecto de los beneficios que recibe por el hecho de ser la capital del país», sostuvo Yannuzzi, en referencia a una serie de recursos indirectos que, si bien no forman parte de las transferencias nacionales, tienen un efecto que no puede ser omitido del análisis del federalismo fiscal.

«Por ejemplo, por ser capital es la sede de embajadas y además de casas matrices, tesoros y sede fiscal de la mayoría de las empresas y países con representatividad y operaciones comerciales a nivel nacional», detalló, para adentrarse en el principal aspecto, ya que «es la locación del Estado federal, pero funciona como una provincia en cuanto a sus finanzas».

«En las discusiones sobre cuánto debe corresponderle a la ciudad por coparticipación no se tiene en cuenta que las transferencias tienen muchas dimensiones y no todas son directas y tangibles»

El abordaje del problema se enfrenta a varias complejidades, entre ellas que el último informe oficial sobre el Producto Bruto Geográfico (equivalente provincial del PBI en el orden nacional) data de 2004 y, por otra parte, la falta de un encuadramiento definido sobre la cantidad de monotributistas que se desempeñan en los tres niveles de la función pública.

Con esas salvedades (que, por ejemplo, no tienen en cuenta el diferente impacto regional del desarrollo del complejo sojero, Vaca Muerta o la economía del conocimiento, embrionarios hace 18 años), Yannuzzi consideró el beneficio que tiene la Ciudad de Buenos Aires en la distribución geográfica del empleo público nacional.

Así, excluyendo del análisis los sectores de Salud y Educación, comprobó que el 58% del empleo público nacional se concentra «en un distrito de 203 kilómetros cuadrados», de lo que se desprende que el 42% restante se disemina entre las 23 provincias.

En base a informes de 2019, en la Ciudad se desempeñan 52.000 trabajadores del gobierno porteño y 431.000 del ámbito nacional: es decir que el 89% del empleo público del distrito corresponde a esta última jurisdicción.

Del total de la Población Económicamente Activa (PEA) de la Ciudad, el 28% corresponde a trabajos estatales y un 20% es exclusivamente nacional, un porcentaje bajo en comparación con la mayoría de las provincias, pero con una particularidad: ese 28% representa el 30% de las remuneraciones salariales, debido, según Yannuzzi, a que «el salario público es superior al privado en CABA».

En directa vinculación con ese desbalanceo en la distribución del empleo público nacional, Yannuzzi agregó que también «existen grandes distorsiones en cuanto a la distribución territorial», al punto que en la asignación de recursos según su clasificación geográfica, en 2019 el 32,2% del gasto nacional fue desembolsado en la ciudad autónoma.

La suma de todos esos elementos debería, a juicio del investigador de Ideas, formar parte del postergado debate sobre una nueva ley de Coparticipación, que debió haberse sancionado no más allá del 31 de diciembre de 1996, según se estableció en una de las cláusulas transitorias de la Constitución de 1994.

«El debate debe ser si (CABA) se merece el 1,4% o menos, más que ese porcentaje es bastante cuestionable», aseveró, en alusión a la alícuota fijada a partir de enero de 2021 por medio de la ley 27.606.

Pero en paralelo, criticó la actitud del Estado nacional que, a través de sucesivos gobiernos, «habla mucho de la concentración y la desigualdad, pero hace muy poco para descentralizar la administración pública».

«Lo único que ocurrió en los últimos años fue en noviembre de 2020, con la sanción de la ley de Capitales Alternas, que en realidad no tuvo ningún efecto presupuestario, sólo se hacen reuniones», objetó.

Como experiencia histórica, recordó la frustrada iniciativa del expresidente Raúl Alfonsín de crear la provincia del Río de la Plata (con una superficie que comprendería la de CABA y el conurbano), con el propósito de «desbalancear» las asimetrías: «fue controversial, pero vale la pena por lo menos plantearlo», acotó.

Yannuzzi planteó que nada impide que las sedes de los ministerios u otros organismos sean trasladadas a otros puntos del país, y recordó al respecto que «se había hablado de mandar YPF al sur», pero puntualizó que si se llegasen a tomar decisiones de esa naturaleza «no deberían ser la excepción sino la regla; de lo contrario se termina siendo cómplice de lo que se critica».

FUENTE:TELAM/POR MARCELO BÁTIZ