La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia dispuso la intervención administrativa del organismo tras una investigación por irregularidades en certificados de potabilidad.

El intendente Sebastián Ianantuony informó que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires resolvió la intervención administrativa del Consejo Escolar de General Alvarado. La medida fue anunciada mediante un posteo en redes sociales, aunque no se difundió documentación oficial al momento de la publicación.

La decisión fue tomada junto al director general Alberto Sileoni y alcanza a todos los consejeros escolares por igual. Según el jefe comunal, el objetivo es “garantizar el normal funcionamiento de las instituciones educativas” y pidió prudencia a las fuerzas políticas en sus declaraciones.

La intervención se suma a la designación del Dr. Emanuel Lelio Ocaranza como avocador, quien deberá controlar especialmente las condiciones de sanidad e higiene en los establecimientos educativos. La resolución, fechada el 28 de agosto pero difundida tras las elecciones del 7 de septiembre, señala que “la gravedad de los hechos investigados” exige adecuar procesos y protocolos, especialmente en la selección de proveedores.

La situación se agravó tras la imputación penal de tres autoridades del Consejo Escolar —Carolina Palacios, Adriana Parodi y Fernán Gorostiza— y del proveedor Ezequiel Bravo, por la falsificación de certificados de potabilidad. Un análisis privado realizado por padres del Polo Educativo de Mar del Sud detectó presencia de Escherichia coli y pseudomonas en el agua, mientras que el documento oficial presentado por el Consejo resultó apócrifo, con la firma de una profesional de la UNMDP que desconocía su uso.

Se investiga si esta práctica se repitió en al menos un centenar de certificados emitidos desde 2021.

Fuente: El Diario de Miramar