La audiencia, que debió ser diferida durante meses como consecuencia del aislamiento social impuesto como medida sanitaria ante el avance del coronavirus, se llevará a cabo a partir de las 10 en el Centro Cultural municipal y se celebrará en formato mixto: algunas partes estarán presentes en el lugar y otras asistirá por videoconferencia, informaron fuentes judiciales.

Se trata del expediente en el que se investigan las causas y eventuales responsabilidades penales derivadas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el día 15 de noviembre del año 2017, que ocasionó la pérdida de la unidad submarina y costó la vida de sus 44 tripulantes, todos integrantes de la Armada Argentina.

La audiencia será presidida el camarista federal Javier Leal de Ibarra quien integra el tribunal de apelaciones junto a los magistrados Aldo Suarez y Hebe Corchuelo de Huberman.

En la planificación de la colaboraron las autoridades del gobierno de Chubut a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), quienes coordinarán las medidas sanitarias de resguardo, necesarias para garantizar el aislamiento social de quienes provengan de otras jurisdicciones, «exigiéndoles un test negativo PCR no mayor a 48 horas previas a su ingreso a la Provincia, además de la prohibición de circulación local», indicaron a Télam fuentes judiciales.

En tanto los defensores públicos y privados de los imputados atacarán la calificación de los delitos que se les atribuyó a los acusados.

En febrero pasado, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis ex altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del ARA San Juan con sus 44 tripulantes y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas en ese caso.

Yáñez les imputó el delito de «estrago culposo agravado por el resultado de muerte» a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

También los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de 2 millones (Correa, Sulía) a 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por 2,5 millones de pesos y Villamide en 3 millones.(Télam)