La Ley 15.688 permite a los intendentes bonaerenses utilizar los recursos del Impuesto Inmobiliario Rural, que normalmente se destinan al mantenimiento de la red vial rural, para realizar obras relacionadas con el drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, así como la adquisición de equipamiento hídrico. La normativa, que fue publicada en el Boletín Oficial, tiene una vigencia de 180 días, extendiéndose hasta principios de mayo de 2027. Esta medida se enmarca en un contexto de creciente preocupación por los efectos del cambio climático, especialmente el fenómeno de El Niño, que ha generado severos daños en la infraestructura vial y hídrica.

Los fondos recaudados del Impuesto Inmobiliario Rural son distribuidos de la siguiente manera: 65% al Ejecutivo provincial, 12% al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, y 20% a los municipios. La iniciativa, promovida por el senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, busca otorgar mayor flexibilidad a los intendentes para abordar emergencias hídricas sin estar limitados únicamente al mantenimiento de caminos rurales. Sin embargo, la decisión de reasignar los recursos es opcional para cada municipio, lo que significa que algunos podrían optar por mantener el uso original de los fondos.

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