El conflicto legal surgió cuando Alejandro Cellilli, quien ha sido permisionario de venta ambulante en las playas de Pinamar durante más de 14 años, solicitó la renovación de su permiso para la temporada estival. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos y haber pagado el canon correspondiente, la Municipalidad le negó la renovación basándose en una nueva ordenanza que exige residencia efectiva en el partido. El Tribunal, al analizar el caso, destacó que el trámite ya había sido iniciado y que la administración municipal había cobrado el canon, lo que contradice la nueva normativa impuesta. Los jueces argumentaron que la conducta de la Municipalidad va en contra de la buena fe y la confianza legítima del solicitante.

Además, el Tribunal consideró el peligro en la demora, ya que la actividad de venta ambulante es estacional y la falta de una resolución oportuna podría privar a Cellilli de su sustento económico. Al citar la doctrina de la Corte Suprema, el fallo subrayó la importancia de proteger el derecho al trabajo y a la actividad comercial. La decisión judicial no solo ordenó a la Municipalidad a otorgar el permiso en un plazo de 24 horas, sino que también estableció un apercibimiento penal en caso de incumplimiento por parte de los funcionarios municipales, asegurando así que se respeten los derechos del trabajador mientras se resuelve el litigio.

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