Guillermo Michel expresó su desacuerdo con la forma en que se llevó a cabo la privatización de AySA, argumentando que el Estado vendió el 90% de las acciones por 340 millones de dólares, a pesar de que la utilidad operativa de la empresa en 2025 fue de aproximadamente 270 millones de dólares. Según Michel, esto implica que la empresa podría haberse pagado en apenas 1.3 años de utilidad, lo que considera una mala gestión de la venta. Además, criticó que la transferencia de acciones no se traduce en una concesión del servicio, ya que el nuevo propietario podría utilizar las acciones como garantía para obtener créditos internacionales, lo que podría afectar la calidad del servicio para los usuarios.

Como alternativa, Michel propuso un modelo de gestión que mantenga un 51% de las acciones bajo control estatal, similar al que se implementa en YPF, sugiriendo que esto podría garantizar una mayor protección para los consumidores. Resaltó la importancia del agua como un servicio esencial que beneficia a cerca de 4 millones de usuarios en la Capital Federal y 26 municipios bonaerenses, enfatizando la preocupación por la desprotección que enfrentarían los usuarios en caso de conflictos con los nuevos propietarios. Michel concluyó su intervención cuestionando cómo un vecino afectado podría reclamar a un fondo inversor en el extranjero si se presentaran problemas con el suministro de agua.

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