En el marco de una crisis de morosidad sin precedentes en Argentina, se destaca que la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares ha aumentado significativamente en los últimos años, llegando al 12,7% en junio de 2026. Según datos del Banco Central de la República Argentina, 5,8 millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días. La morosidad en el sector de las fintech y billeteras virtuales es aún más alta, alcanzando al 33% de los deudores. En respuesta a la crisis, diferentes bloques de la oposición en el Congreso han presentado cerca de treinta iniciativas legislativas para abordar el problema, incluyendo propuestas como la creación de un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas a través de una línea de crédito de la ANSES.

Por otro lado, se destaca la postura del Gobierno, especialmente del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes han rechazado toda intervención estatal en la crisis, argumentando que el endeudamiento familiar es un tema entre privados. Frente a estas declaraciones, la movilización de los movimientos sociales y sindicales busca presionar al gobierno para que tome medidas concretas para aliviar la situación de las familias endeudadas. La marcha del 20 de agosto es parte de un plan de lucha más amplio que busca articular a la central obrera con sectores populares para protestar contra las políticas del gobierno.

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