La paralización de los buques en Puerto Quequén se debió a la reforma del régimen de practicaje y pilotaje impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que desató un conflicto a nivel nacional. Esta reforma afectó a numerosos puertos del país, dejando alrededor de 140 buques demorados. El martes 4 de agosto, Prefectura Naval intimó a los profesionales a retomar el servicio, advirtiendo sobre posibles sanciones administrativas y penales en caso de negativa. A pesar de los intentos de diálogo, no se ha llegado a un acuerdo que permita superar el conflicto.

La reforma del régimen de practicaje y pilotaje implementada por el Gobierno de Milei buscaba aumentar la competencia, reducir costos y evitar conflictos que paralizaran el comercio exterior. Sin embargo, el resultado inmediato fue la paralización de ingresos y egresos de buques, demoras en las operaciones, reprogramación de cargas y un aumento de costos para la cadena logística. Los prácticos, profesionales especializados en asesorar a los capitanes durante las maniobras en puertos, cuestionan que la desregulación pueda comprometer la seguridad de la navegación, la vida humana y la protección ambiental.

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