En junio, el gobierno nacional aplicó un recorte cercano al 88% en términos reales sobre las transferencias discrecionales a las provincias, lo cual representa una retracción extraordinaria de los fondos que Nación gira por fuera de los mecanismos automáticos. Esta reducción afectó a partidas como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros programas específicos, dejando a las provincias en una situación de profundo repliegue del Estado nacional. Desde la Casa Rosada justifican esta medida como parte de la búsqueda del equilibrio fiscal y la eliminación de criterios discrecionales que generaban dependencia entre las provincias y el poder central. Por otro lado, los gobernadores critican duramente este recorte, argumentando que limita su capacidad de sostener obras públicas, programas de asistencia y servicios locales.

Este episodio marca una nueva grieta en la relación entre Nación y provincias, ya que el gobierno defiende el ajuste como una señal de disciplina fiscal y racionalización del gasto, mientras que los mandatarios provinciales denuncian una mayor asfixia financiera y reclaman una distribución más equilibrada de los recursos. En el contexto de una transformación más amplia del esquema federal, se observa una tendencia hacia menos fondos administrados de manera discrecional por la Nación y una mayor presión sobre las provincias para sostener sus cuentas con recursos propios.

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