La iniciativa propone eliminar la dualidad entre invalidez laboral y discapacidad, endureciendo los criterios de acceso a la pensión por invalidez. Se busca volver a un único esquema destinado exclusivamente a quienes no pueden insertarse en el mercado laboral y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Además, se incorporan mecanismos de fiscalización y auditoría, incluyendo reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios actuales, quienes deberán demostrar nuevamente su situación médica, laboral y socioeconómica para conservar el derecho a la pensión. En caso de incumplimiento, el beneficio será suspendido de forma automática.

El proyecto también establece un nuevo marco de financiamiento y fijación de aranceles, definiendo partidas presupuestarias específicas para garantizar la sustentabilidad del sistema. Se atribuye la responsabilidad principal de las pensiones por invalidez al Ministerio de Salud, con intervención del Tesoro Nacional si es necesario. En cuanto a los aranceles, se establecerán pisos mínimos de prestaciones, tomando en cuenta estándares de calidad, costos y condiciones regionales. Por último, se plantea la descentralización del sistema, permitiendo a las provincias gestionar las pensiones mediante convenios y recibir financiamiento según sus competencias, reemplazando el esquema de emergencia vigente.

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