El empresario Leandro Camani y el dirigente político Matías Yofe fueron formalmente imputados por presunta extorsión agravada en la causa iniciada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La decisión fue adoptada por el fiscal Germán Camafreitas, quien dispuso citarlos para ser notificados de la imputación en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense.

El fiscal Germán Camafreitas dispuso la imputación por presunta extorsión agravada del empresario Leandro Camani y el dirigente político Matías Yofe, a partir de la causa iniciada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El fiscal dispuso citarlos para ser notificados de la imputación en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense.

La denuncia presentada por Tapia sostiene que, luego de negarse a habilitar autorizaciones vinculadas a cámaras de fotomultas, comenzó una secuencia de denuncias judiciales y acciones que, según su planteo, formaban parte de un mecanismo de presión. La hipótesis que investiga la fiscalía apunta a determinar si existió un esquema de exigencias previas seguido de presentaciones penales como forma de coacción.

TESTIMONIOS QUE AMPLIAN LA INVESTIGACION

En las últimas semanas el expediente incorporó una serie de declaraciones testimoniales que reconstruyen el entramado político y empresarial alrededor de la causa y que, según fuentes judiciales, ampliaron el alcance de la investigación.

Uno de los testimonios fue aportado por el periodista Claudio Gabriel Ponce de León, quien aseguró ante la fiscalía que el propio Yofe le había comentado que el empresario Camani aportaba dinero para sostener distintas acciones políticas y mediáticas.

En su declaración, el periodista sostuvo que el dirigente le habría mencionado que el empresario le había ofrecido una importante suma de dinero vinculada a la campaña política y a la promoción de denuncias contra distintos actores políticos y empresariales.

El mismo testigo afirmó además que Camani financiaba parcialmente un espacio radial donde participaba Yofe, cubriendo parte del costo del programa que se emitía en su medio de comunicación.

En esas declaraciones también aparece mencionado el abogado Pedro Aribe, quien según los testimonios mantenía vínculos con el esquema que articulaba la relación entre el empresario y el espacio político de Yofe. De acuerdo con lo incorporado al expediente, Aribe habría participado en gestiones vinculadas a pagos y contactos dentro de ese entramado.

DECLARACIONES QUE APUNTAN A OTROS ACTORES

Las declaraciones judiciales también incorporaron referencias a reuniones con empresarios y financistas vinculados a la campaña política de Yofe. En ese contexto aparecerian mencionados el empresario Gustavo Ferreiro, de Morón, el platense Pedro Aribe, señalados en el expediente como los participantes de reuniones vinculadas al armado politico junto al dirigente.

Fuentes del expediente señalan que, a partir de estos testimonios, la investigación también comenzó a observar posibles conexiones con empresarios y actores políticos de distintos distritos del conurbano, entre ellos Morón, Pilar, La Plata y Merlo.

CONFLICTOS MUNICIPALES POR EL NEGOCIO DE LAS FOTOMULTAS

La imputación judicial se produce además en medio de distintos conflictos que el empresario Camani mantiene en municipios de la provincia de Buenos Aires vinculados al negocio de las fotomultas.

En Quilmes, el sistema de radares generó tensiones políticas luego de cuestionamientos impulsados por sectores cercanos al dirigente social Juan Grabois.

En Mar del Plata, el esquema de fotomultas también quedó en el centro de la polémica tras la suspensión de radares y la posterior instalación de nuevos dispositivos que volvieron a generar controversias sobre el funcionamiento del sistema.

Algo similar ocurrió en San Isidro, donde el municipio resolvió suspender el funcionamiento de radares en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de los dispositivos utilizados.

IMPACTO POLITICO EN LA PROVINCIA

El avance judicial tiene impacto directo en la Provincia de Buenos Aires, donde empresas vinculadas a Camani participan en distintos tramos del sistema de control vial y gestión de infracciones.

En paralelo a la imputación, el Ministerio de Transporte bonaerense mantiene en funcionamiento autorizaciones y estructuras administrativas vinculadas al negocio de las fotomultas del empresario en un sistema que en los últimos años quedó bajo creciente escrutinio judicial y político.

(Foto del sitio www.dataclave.com.ar: Empresario Leandro Camani)